Impacto real sobre los ingresos de los adultos mayores

Desde marzo de 2024 el bono que se adiciona a las jubilaciones mínimas permanece en $70.000. En esos 21 meses ese monto perdió fuerza frente a la aceleración de precios y, según distintos informes citados por especialistas, hoy cubre una fracción claramente menor de lo que representaba al momento de su última actualización. El cambio más visible se registra sobre la canasta calculada por la Defensoría de la Tercera Edad y en el acceso a bienes y servicios básicos vinculados a la salud y la alimentación.

Datos y comparaciones

El cálculo citado por el informe proviene de la Defensoría de la Tercera Edad: la canasta básica para un jubilado se estimó en $1.514.074 para octubre de 2025. En marzo de 2024 el bono representaba el 10,2% de esa canasta; para noviembre de 2025 ese porcentaje se redujo al 4,6%. Es decir, la capacidad del adicional para cubrir necesidades concretas (transporte, medicamentos, servicios) se redujo a menos de la mitad en términos relativos.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que, para mantener el poder de compra que tenía en marzo de 2024, el bono debería ser hoy de $173.407, es decir $103.407 por encima del monto actual. Ese número surge de contrastar la variación de precios y la composición típica del gasto de un hogar de adultos mayores.

Lo que dicen los informes oficiales

La Oficina de Presupuesto del Congreso, al analizar el proyecto de gastos 2026 del Poder Ejecutivo, concluye que el programa de bonos para prestaciones previsionales cuenta con una partida cercana a los $3,8 billones dentro de un total asignado de $71 billones para prestaciones previsionales. Esa cifra, según el organismo, sería prácticamente equivalente a la prevista para el año en curso, lo que implica una continuidad del esquema sin incrementos relevantes para el adicional.

Consecuencias sobre la vida cotidiana

El estudio de la Defensoría toma en consideración los rubros que más pesan para los jubilados: alimentos, medicamentos, artículos de farmacia y vivienda. Para poner un ejemplo concreto, en marzo de 2024 el bono alcanzaba para cubrir el gasto de transporte calculado en $46.000; hoy ese rubro está estimado en $85.200. Lo mismo ocurre con servicios: el esfuerzo para afrontarlos se multiplicó, lo que obliga a recortes en consumo de alimentos y medicamentos.

Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, expresó que “los jubilados en general están mal alimentados. Predominan las farináceas, no se puede seguir una dieta. Y lo más grave es que se instaló como que esto es así. Sigue yendo mucha gente en comedores, muchos viviendo en pensiones”. Esa valoración pone en perspectiva no sólo la pérdida de poder adquisitivo, sino también el efecto sobre salud y sobre la demanda de servicios sociales.

Impacto en esperanza de vida y condiciones de vida

Un documento del Observatorio de la Deuda Social de la UCA y estudios del Centro para la Integración Sociourbana (Cisur) indican que la correlación entre bajos ingresos y menor esperanza de vida es significativa. En los sectores con menores ingresos, la esperanza de vida puede reducirse hasta 11 años en comparación con la media nacional; esos factores incluyen acceso limitado a alimentación adecuada, a medicamentos y a servicios de salud preventivos.

El relevamiento del Cisur destacó que en barrios populares la proporción de adultos mayores mayores (65-79 años) es mucho menor que en la población general, y la presencia de personas de más de 80 años también se reduce drásticamente. La explicación es compleja, pero los determinantes económicos—ingresos insuficientes y acceso limitado a prestaciones—son centrales.

Qué medidas se discuten y qué no está previsto

El Gobierno incluyó en su proyecto presupuestario partidas para prestaciones previsionales que, según interpretación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, mantienen el bono en $70.000 durante 2026. Al mismo tiempo, el Ejecutivo avanza en otras iniciativas —como la no renovación de algunas moratorias y la extensión del acceso a la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) para quienes no alcanzan los aportes— que modifican el universo de beneficiarios y la estructura del gasto previsional.

Con todo, los analistas insisten en que la ausencia de un ajuste del bono implica una pérdida adicional de cobertura para jubilados que ya enfrentan dificultades concretas: alimentación insuficiente, acceso limitado a medicamentos y mayor vulnerabilidad sanitaria.

En síntesis

El bono jubilatorio, sin actualización durante casi dos años, dejó de cumplir funciones de cobertura que tenía en 2024. Las estimaciones públicas y privadas coinciden en que la brecha entre lo que los jubilados necesitan y lo que perciben se amplió de manera sustantiva. El debate público y técnico ahora se centra en si el ajuste debe darse mediante un incremento del bono, vía recomposición de las jubilaciones mínimas o mediante otras políticas sociales complementarias orientadas a salud y alimentación.

Fuentes: Perfil; CEPA; Oficina de Presupuesto del Congreso; Observatorio de la Deuda Social (UCA).