A 15 años del caso Juliá: el jet con 944 kg de cocaína que cambió el mapa del narcotráfico
El hallazgo en El Prat y el recuerdo del «narcojet»
El 2 de enero de 2011, el Jet Bombardier Challenger 604 que aterrizó en el aeropuerto de El Prat llevaba 944 kilogramos de cocaína ocultos en la estructura. Ese descubrimiento por parte de la Guardia Civil española marcó un antes y un después en la percepción del tráfico de estupefacientes: la droga no transitaba ya solo por redes marginales sino que circulaba mediante aviones vinculados a familias con influencia y conocimientos aeronáuticos.
Quiénes eran los implicados
Los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, con conexiones en la aviación civil por su parentesco con José Juliá —quien fue jefe de la Fuerza Aérea Argentina durante la presidencia de Carlos Menem—, figuraron como los principales imputados. Un tercer pasajero, Matías Miret, fue absuelto al acreditarse que no conocía la carga ilegal. Durante la investigación y el juicio, las pruebas técnicas sobre la modificación del avión y los informes de inteligencia internacionales resultaron determinantes.
La ruta y la logística
La operación incluyó el alquiler del avión, la salida desde el aeródromo de Morón y una escala técnica en Cabo Verde antes de llegar a Barcelona. La droga estaba sellada en paneles y espacios bajo el piso del avión, lo que exigió trabajo de «ingeniería» para ocultarla. La complejidad de la maniobra evidenció la evolución de las técnicas de ocultamiento y la existencia de redes con acceso a la aviación civil.
El proceso judicial
En 2013 la justicia española condenó a Gustavo y Eduardo a 13 años de prisión por un delito contra la salud pública en su modalidad de extrema gravedad. Los hermanos intentaron durante el juicio desligarse de la operación alegando que habían sido engañados por supuestos inversores, pero el cúmulo de pruebas, entre ellas peritajes sobre la aeronave y documentación logística, inclinó la balanza en su contra. El tercer tripulante fue absuelto.
Consecuencias y enseñanzas
- Seguridad aeroportuaria: el caso impulsó revisiones en los protocolos de inspección, sobre todo en aeródromos secundarios como Morón, que durante años tuvieron estándares distintos a los de los grandes aeropuertos comerciales.
- Perfil del traficante: la causa consolidó la figura del «narcotraficante de guante blanco», personas con recursos, acceso a servicios profesionales y vínculos en sectores formales de la economía.
- Cooperación internacional: la coordinación entre la Guardia Civil, agencias europeas y organismos estadounidenses (menciones periodísticas indican intervención de la DEA en inteligencia) fue clave para el desmantelamiento del envío.
¿Qué pasó después con los condenados?
Tras cumplir condena en España, ambos hermanos recuperaron la libertad. La información pública indica que Eduardo regresó a la Argentina tras obtener beneficios procesales en España. El episodio dejó secuelas profesionales y reputacionales en los involucrados y alimentó debates sobre fiscalización, controles y responsabilidades en la aviación privada.
Impacto en la agenda pública argentina
En la agenda local, el episodio obligó a las autoridades a revisar prácticas en aeródromos y operaciones privadas, y a discutir la necesidad de controles más estrictos en hangares y servicios de mantenimiento. También puso de relieve la necesidad de fortalecer protocolos de cooperación internacional ante envíos transoceánicos de estupefacientes.
Lecciones abiertas
Quince años después, la causa sigue siendo caso de estudio por varios motivos: demostró la sofisticación de las redes, la vulnerabilidad de algunos eslabones de la cadena logística aérea y la eficacia de la cooperación transnacional cuando se articula. A la vez, mostró que la influencia social o los contactos no eximen de las responsabilidades penales cuando existe evidencia técnica y operativa contundente.
Fuentes: Perfil