A 19 años del crimen de Nora Dalmasso, el ADN apunta a un único sospechoso y los fiscales afrontan un jury
ADN revelador y dos frentes judiciales: la familia exige respuestas
El hallazgo de un perfil genético compatible con Roberto Bárzola en restos recogidos en la escena del crimen reavivó el caso de Nora Dalmasso y puso en el centro la actuación de los fiscales que investigaron la causa. La familia Macarrón impulsa dos frentes: el jury de enjuiciamiento contra tres fiscales y la búsqueda de que se revierta el sobreseimiento por prescripción de Bárzola, el aporte compatible con el ADN encontrado.
Breve repaso del caso
Nora Dalmasso, de 51 años, fue hallada asesinada la madrugada del 26 de noviembre de 2006 en su casa de Villa del Golf, en Río Cuarto (Córdoba). Fue violada y estrangulada con el cinto de su bata de baño. A lo largo de la investigación se sucedieron distintos sospechosos: primero un albañil, Gastón Zárate, luego el hijo Facundo —entonces menor— y finalmente el esposo, Marcelo Macarrón, quien fue absuelto en un juicio oral en 2022.
La pericia genética que cambió el rumbo
A fines del año pasado una pericia determinó que el ADN hallado en el cinto que fue usado para estrangular a Nora y en un pelo en la zona pubiana coincidía con Roberto Marcos Bárzola, un parquetista que trabajaba en la casa y con quien la víctima había tenido una fuerte discusión días antes. Esa coincidencia reabrió interrogantes sobre las decisiones de la investigación original.
La familia había pedido desde 2007 que se tomaran muestras a Bárzola, pero —según relatan— los fiscales se negaron. Los rastros genéticos buscados formaron parte de una investigación ordenada en octubre de 2022 por el fiscal de Río Cuarto, Pablo Jávega, que incluyó el cotejo de 200 muestras de ADN.
El estado procesal de Bárzola y la respuesta judicial
En octubre pasado la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2° Nominación de Río Cuarto dispuso el sobreseimiento de Roberto Bárzola por prescripción: entendió que habían transcurrido casi 19 años desde la comisión del hecho y no se habían acreditado supuestos de suspensión o interrupción del cómputo que impidieran la extinción del ejercicio de la acción penal. El tribunal también rechazó la pretensión de clasificar el hecho como delito de lesa humanidad, lo que hubiera evitado la prescripción.
El fallo señala que, pese a la existencia de pruebas que podrían apuntar hacia una responsabilidad de Bárzola, las limitaciones temporales del proceso penal impidieron avanzar con una condena penal. La familia apeló la decisión y había pedido, además, que se dictara un juicio por la verdad; esa posibilidad fue analizada y finalmente descartada por la Cámara.
Los fiscales en la mira y el jury de enjuiciamiento
Paralelamente, la familia Macarrón denunció a los fiscales que intervinieron en la causa por presunto "mal desempeño": Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. Acusan que durante la investigación los fiscales se ensañaron con la familia, insinuaron relaciones impropias, apuntaron a Facundo y cuestionaron la coartada de Marcelo Macarrón con hipótesis que, según los querellantes, desviaron la pesquisa y demoraron otras líneas de investigación que habrían sido más pertinentes.
Los tres fiscales presentaron descargos ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba. Ese jurado está conformado por dos legisladores del oficialismo, dos de la oposición y un quinto miembro del Tribunal Superior de Justicia; su presidenta es Julieta Rinaldi, la primera mujer en ocupar ese cargo. Si el jurado decide abrir el proceso, el fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, tendrá un traslado para formular la acusación en un plazo de 30 días hábiles; de prosperar, el juicio político se realizaría en 2026.
Posibilidades procesales y vías de apelación
Además del jury, la familia tiene otros recursos. El juez Diego Ortiz había planteado la alternativa de un juicio por la verdad al considerar que existían pruebas suficientes contra Bárzola, pero que la prescripción impedía una condena penal. La Cámara descartó esa vía; ante ese escenario, fuentes judiciales explican que aún caben recursos extraordinarios, incluida la posibilidad de llegar a la Corte Suprema, aunque las proyecciones procesales no son sencillas.
El caso Dalmasso sigue siendo, a 19 años, uno de los expedientes más complejos y discutidos del fuero penal de Córdoba: combina pericias nuevas, cuestionamientos a la actuación fiscal y límites procesales que frustran, por ahora, una resolución penal definitiva.
Fuentes: Clarín