A cinco años de la legalización del aborto: memoria, salud pública y disputa política
Resumen y contexto
Hace cinco años se sancionó en la Argentina la ley que estableció la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), un cambio legal y sanitario que puso en el centro el acceso a derechos reproductivos y la salud pública. La legalización buscó reducir las muertes y las hospitalizaciones por abortos inseguros, un problema que organizaciones y estudios habían vinculado con cifras alarmantes en las décadas previas.
De la marea verde a la ley: el camino social y político
La visibilidad pública del reclamo por la legalización del aborto creció a partir de la masiva movilización conocida como la “marea verde”, que empezó a recorrer el país en 2018. Esa movilización recogió décadas de organización feminista: desde los primeros congresos femeninos del siglo XX hasta la constitución de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en 2005. La Campaña presentó proyectos en el Congreso en ocho oportunidades antes de que el Poder Ejecutivo enviara en 2020 el proyecto que terminaría sancionándose.
En 2018 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de despenalización pero el Senado lo rechazó. Dos años después, el Ejecutivo encabezó la iniciativa y, tras intensos debates parlamentarios y sociales, el Congreso sancionó la Ley 27.610. Desde diciembre de 2020, la IVE quedó incorporada al marco legal argentino.
Marco jurídico anterior y hitos relevantes
La discusión sobre aborto en Argentina tiene una larga historia legislativa: el Código Penal de 1886 castigaba en todos los casos. Con el tiempo se incorporaron excepciones vinculadas al riesgo para la vida o la salud y a los embarazos por violación. En 2012, la Corte Suprema sentó un precedente con el fallo “F.A.L.”, que garantizó el acceso a la interrupción en casos de violación sin necesidad de autorización judicial previa, y en 2015 el Ministerio de Salud publicó el Protocolo ILE, que amplió el concepto de salud.
La ley de 2020 estableció que las personas con capacidad de gestar pueden acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana catorce inclusive del proceso gestacional, regulando además procedimientos y responsabilidades sanitarias para su implementación.
Impacto sanitario y cifras que marcaron la urgencia
Quienes impulsaron la legalización sostuvieron que la medida era urgente por el impacto sanitario de los abortos inseguros. En los debates se mencionó que, desde 1983, más de 3.000 mujeres habrían muerto por abortos clandestinos, y que anualmente se registraban alrededor de 40.000 internaciones por complicaciones derivadas de prácticas en condiciones inseguras. Esas cifras —difundidas por organizaciones de la sociedad civil en el proceso legislativo— fueron parte central del argumento que presentó la IVE como una política de salud pública y de derechos humanos.
Acceso y desafíos operativos
Desde su sanción, la ley obligó a los sistemas públicos y privados a garantizar el acceso dentro del plazo establecido, con protocolos clínicos y capacitación del personal de salud. Sin embargo, en la práctica persistieron desafíos: la distribución territorial de servicios, los obstáculos que implica la objeción de conciencia institucional o individual, y la variabilidad en la implementación entre distintas jurisdicciones.
Organizaciones sanitarias y defensoras de derechos advirtieron que para que la ley cumpla plenamente su objetivo se requieren más recursos, capacitación continuada y mecanismos de seguimiento que aseguren el acceso en hospitales y centros de salud de todo el país.
Política y sociedad: el debate sigue
La sanción de la IVE no cerró el debate público. Por un lado, consolidó un derecho reconocido por la ley; por el otro, abrió una etapa en la que la discusión se trasladó a la implementación, el control, la provisión de insumos y la formación del personal sanitario. Sectores que se opusieron a la ley en 2018 y 2020 siguen activos en la arena pública y judicial, y las tensiones políticas sobre su alcance y sobre la objeción de conciencia se mantienen.
Legado y preguntas abiertas
Cinco años después, el balance exige mirar tanto los logros como las demandas aún pendientes. La legalización significó un reconocimiento jurídico y un cambio en el enfoque de salud pública; al mismo tiempo, el acceso desigual y las barreras territoriales muestran que el derecho requiere políticas complementarias para ser efectivo en la vida cotidiana.
La historia reciente coloca la IVE como parte de una trayectoria de luchas sociales y de transformaciones legales; su consolidación dependerá de la capacidad del sistema de salud y de las políticas públicas para garantizar su cumplimiento en todo el territorio argentino.
Fuentes: Infobae