A cinco años del aborto legal en Argentina: un derecho que se sigue defendiendo

Balance y obstáculos cinco años después de la sanción

El aborto legal, garantizado por la Ley 27.610 desde diciembre de 2020, sigue siendo un derecho efectivo en el papel pero con dificultades crecientes en su acceso. La normativa permitió la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 sin necesidad de acreditar violación o riesgo para la salud; sin embargo, organizaciones, profesionales de la salud y activistas alertan sobre vaciamiento de políticas, cortes de insumos y desigualdades territoriales que limitan el acceso real al aborto y a la Educación Sexual Integral (ESI).

El 30 de diciembre de 2020 marcó un antes y un después: tras largas jornadas de debate en el Congreso, Argentina se convirtió en uno de los países de la región en despenalizar y regular la interrupción voluntaria del embarazo. La llamada Marea Verde, un movimiento colectivo articulado durante décadas por organizaciones de mujeres y feminismos diversos, fue central para sostener esa demanda en la agenda pública y política.

Qué muestra la investigación en Córdoba

Un adelanto de informe de Fundeps, a cargo de Consuelo González Claria, consultó entre mayo y octubre de 2025 a más de 80 profesionales de la salud en la provincia de Córdoba sobre las condiciones de acceso al aborto hasta las 14 semanas. El trabajo señala que, aunque la ley se aplica, existen brechas importantes entre la Capital y el interior provincial. Entre las principales dificultades reportadas se destacan el transporte y los traslados, la falta de personal, problemas para obtener turnos y limitaciones económicas que inciden en la accesibilidad efectiva.

Fuente: Fundeps (adelanto de informe), periodo: mayo-octubre 2025

Relatos desde la organización y la salud

Betiana Cabrera Fasolis, directora del Observatorio de Mumalá y parte de la campaña por el aborto en Córdoba, describió el contexto como adverso: “No sólo se frenó la provisión de medicación e instrumental sino que también cesaron capacitaciones y campañas de difusión. Además hubo un recorte en políticas inherentes a la salud sexual y no reproductiva como la Educación Sexual Integral, métodos anticonceptivos y formación de equipos técnicos”.

María Teresa “Keka” Bosio, referente histórica de la campaña por el aborto en Córdoba y miembro de Católicas por el Derecho a Decidir, remarcó que, aunque por ahora no se intenta derogar la ley, el desfinanciamiento nacional obliga a que provincias deban hacerse cargo de compras y servicios, lo que genera inequidades: algunas jurisdicciones pueden afrontar la provisión y otras no.

Los equipos de salud consultados por Fundeps también señalaron prácticas que dificultan el acceso: provisión de información incompleta o errónea, demoras en turnos, exigencia de estudios innecesarios, negativas a brindar atención y episodios de violencia durante consultas o ecografías. Estas experiencias evidencian que garantizar el derecho requiere más que la existencia de una ley: demanda formación, recursos y redes de acompañamiento para eliminar obstáculos que reproducen desigualdades.

Memoria, movilización y desafíos futuros

Para activistas como Alejandra Domínguez, que participa de la campaña desde 2005, la sanción fue solo el comienzo de discusiones sociales y políticas profundas: “Allá por 2020 no sólo se ganó el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo; se ganaron muchas discusiones y reconocimientos de los feminismos y los derechos de todas las personas”.

La Marea Verde, según Bosio, reafirmó valores de autonomía y libertad reproductiva y mostró la capacidad de organización y articulación de mujeres y disidencias. Pese a ello, las voces consultadas insisten en la necesidad de sostener la memoria colectiva, fortalecer la formación de equipos de salud, garantizar insumos y protocolos, y mantener la movilización social como herramienta de defensa de derechos.

En síntesis: la Ley 27.610 permanece vigente como marco jurídico que garantiza el aborto legal hasta la semana 14, pero el acceso efectivo depende hoy de una combinación de recursos, políticas sanitarias, formación profesional y voluntad administrativa. Las organizaciones sociales y las autoridades provinciales y nacionales deberán coordinar acciones para que el derecho se ejerza en condiciones de equidad en todo el país.

Fuente: La Voz