Acusan a demandantes por "hostigamiento" en la causa YPF
El Gobierno denuncia intentos de cobro y medidas para embargar activos vinculados a la causa YPF
La Argentina enfrenta acciones de los beneficiarios de un fallo en Estados Unidos por la expropiación de YPF y el Gobierno denunció que los demandantes están realizando un hostigamiento judicial y financiero. El juicio de primera instancia obligado al país a pagar unos U$S16.000 millones sigue en apelación, pero los acreedores, financiados por el fondo Burford, buscan vías para asegurar cobro mientras tramita la segunda instancia.
Qué reclaman los demandantes y qué respuestas provoca
Según la denuncia oficial, los beneficiarios del fallo intentan ejecutar el cobro por distintas vías: entre sus estrategias figura la solicitud de medidas que permitan identificar y embargar activos de entidades que funcionan con autonomía operativa pero están vinculadas al Estado, como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas. También se habrían pedido comunicaciones internas, como chats y correos electrónicos de funcionarios actuales y pasados, para sostener la teoría de que esas empresas actúan como "alter ego" de la República.
El Gobierno sostiene que estas maniobras constituyen un intento de hostigamiento mientras se resuelve la apelación. La apelación en segunda instancia es clave: de prosperar, podría dejar sin efecto la posibilidad de ejecución del fallo original. En ese contexto, la falta de depósito de las garantías exigidas por la defensa argentina facilita que los demandantes exploren vías alternativas para intentar asegurar activos y avanzar en ejecuciones.
Quién es Burford y qué papel juega
Burford es un fondo que se dedica a financiar litigios (litigation finance) y suele hacerse cargo de los costos procesales a cambio de una parte de la eventual indemnización. En casos internacionales de alto monto, ese tipo de fondos asume riesgos financieros considerables y actúa con el objetivo de maximizar el cobro. El Gobierno pone en foco a Burford porque es quien, según la acusación, organiza y financia las iniciativas para buscar bienes o derechos exportables por vía judicial.
Riesgos y vías de ejecución
Los abogados de los demandantes pueden pedir a tribunales extranjeros que reconozcan títulos y que embarguen activos localizados fuera de Argentina. Otra estrategia consiste en reclamar el reconocimiento de entidades públicas como sujetas a ejecución si se prueba que funcionan como una prolongación del Estado. Ese tipo de medidas, de concretarse, podría afectar cuentas o bienes en jurisdicciones extranjeras o motivar pedidos de información a organismos financieros sobre movimientos patrimoniales.
Contexto político y económico
El procedimiento judicial y las eventuales medidas de los acreedores tienen implicancias políticas y económicas: un embargo o la presión legal sobre empresas vinculadas al Estado podría tensar las finanzas públicas y complicar la negociación política sobre recursos y decisiones estratégicas. El Ejecutivo apuesta a que la apelación revierta la sentencia de primera instancia, y por ahora busca frenar intentos de ejecución mediante argumentos procesales y diplomáticos.
Qué se pide y qué se resiste
Entre las medidas solicitadas por los demandantes figura la obligación de entregar comunicaciones internas y documentación de funcionarios, lo que el Gobierno cuestiona por razones de secreto, confidencialidad y autonomía institucional. Además, la eventual pretensión de aplicar sanciones o procedimientos inusuales para embargar activos genera rechazo en el oficialismo, que califica estas prácticas como hostigamiento judicial.
Qué falta por resolverse
La clave sigue siendo la segunda instancia de apelación en la justicia estadounidense. Si la apelación prospera, cualquier intento de ejecución quedaría en gran parte sin efecto; si no prospera, los demandantes podrían intensificar las maniobras para cobrar. En ese escenario, el tratamiento de las garantías y la estrategia de defensa jurídica y diplomática del Estado resultan determinantes.
Fuentes: El Día