Allanamientos en la AFA: hallaron contrato que fijaba 30% de comisión a la empresa de Faroni

Documento muestra exclusividad y comisiones del 30% y 10% por logística

Durante los allanamientos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encontró un contrato que otorgaba exclusividad a una empresa vinculada al empresario Javier Faroni para cobrar y gestionar los pagos de la AFA en el exterior, a cambio de una comisión del 30% más un 10% adicional por tareas logísticas.

Qué dice el contrato

El documento, que según fuentes fue hallado en la sede de Viamonte, establece en su artículo 4 que la AFA confiere a la empresa el carácter de agente exclusivo para todas las operaciones previstas en el acuerdo fuera de la Argentina, lo cual impedía a la entidad realizar contrataciones similares sin el consentimiento expreso del agente. En el artículo 6, referido a la retribución, se fija la comisión del 30% sobre los montos que ingresaran a favor de la AFA en cada contratación, más un 10% adicional por “tareas logísticas”.

El contrato fue firmado el 9 de diciembre de 2021 por el entonces presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y por Pablo Toviggino, secretario ejecutivo de la entidad. Por parte de la empresa figura la firma de Erica Gillette, identificada como esposa de Faroni. El acuerdo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 con carácter improrrogable, aunque deja abierta la posibilidad de que las partes acuerden una nueva relación contractual.

Alcance y funciones

Según el contrato, la empresa debía encargarse de la gestión de cobros y pagos en el exterior y otras tareas vinculadas a la explotación de derechos de la Selección argentina, con alcance mundial salvo en la Argentina, donde no tenía facultades. El documento aclara además que las partes son jurídicamente independientes y que el acuerdo no implicaba la constitución de una sociedad.

Investigación y allanamientos

Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Luis Armella a pedido de la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) encabezada por el fiscal general Diego Velasco. Además de la sede de Viamonte, se allanaron el predio de la AFA en Ezeiza y el domicilio de Faroni.

En el marco de la causa se investiga un presunto esquema de lavado de activos que habría operado a través de contratos de explotación de derechos de la Selección. Según la denuncia y documentación a la que accedió la fiscalía, TourProdEnter —la firma vinculada a Faroni— habría administrado unos 260 millones de dólares de la AFA en el exterior y presuntamente desviado al menos 42 millones de dólares hacia empresas radicadas en Miami, entre ellas Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC.

Medidas contra Faroni y otras personas vinculadas

Durante el allanamiento a su domicilio en Nordelta, a Faroni se le prohibió la salida del país por 24 horas; la medida se le notificó cuando intentaba viajar a Uruguay desde Aeroparque junto a su familia. Fuentes de la investigación señalaron que sus familiares ya se encontrarían en el país vecino.

En la causa también figura Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, una empresa vinculada a Tapia y considerada clave en el esquema investigado. Por este expediente se encuentran detenidos y con prisión domiciliaria la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, y los choferes Sergio Da Silveira y Juan Cervín, quienes están procesados por encubrimiento agravado.

Qué implica para la AFA

El hallazgo del contrato abre preguntas sobre la gestión de derechos y la transparencia en la administración de recursos vinculados a la Selección y otras actividades internacionales de la AFA. La entidad organiza torneos nacionales y gestiona los derechos de la Selección Argentina, por lo que cualquier irregularidad en la explotación de esos derechos tiene impacto económico y reputacional.

La investigación continuará con el análisis de documentación financiera, comprobantes de pago y las vinculaciones entre las sociedades señaladas y los presuntos destinos de fondos en el exterior. La fiscalía y la PROCELAC deberán determinar responsabilidades penales si se confirma el mecanismo de desvío de fondos.

Fuentes: La Voz