Andis: renunció la funcionaria tras hallar US$ 700.000 en su casa

La investigación sobre la causa Andis alcanzó a Ornella Calvete tras un allanamiento en el que se secuestraron alrededor de US$ 700.000 en efectivo en su domicilio, hecho que motivó su renuncia como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía.
La salida de Calvete se produjo luego de que la fiscalía ordenara procedimientos en inmuebles vinculados a la pesquisa sobre presuntos retornos y pagos irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según fuentes judiciales, además del dinero se incautaron documentos y dispositivos electrónicos que forman parte de la instrucción penal.
La causa original investiga supuestas maniobras de corrupción vinculadas a contrataciones y retornos con proveedores del organismo. Entre los imputados aparecen funcionarios y empresarios relacionados con la órbita de ANDIS; la lista incluye al médico Pablo Atchabahian como principal detenido, y a otros señalados como supuestos beneficiarios o nexo.
Según el dictamen fiscal, durante uno de los registros los investigadores hallaron comunicaciones entre Ornella Calvete y su padre, Miguel Ángel Calvete, que los vinculan con la situación financiera de la firma INDECOM y la disponibilidad de “cash blanco”. En esos mensajes, el fiscal reconstruyó recomendaciones para qué responder ante allanamientos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, y otras autoridades del área consideraron que la continuidad de la funcionaria era “incompatible” con el hallazgo en su vivienda, por lo que aceptaron la renuncia. La investigación sigue abierta y la fiscalía continúa con allanamientos e indagatorias: está prevista la citación a indagatoria de Diego Spagnuolo, ex funcionario de ANDIS, y la de otros implicados en los próximos días.
Contexto institucional: la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) es el organismo estatal encargado de coordinar políticas públicas, prestaciones y compras vinculadas a la atención de personas con discapacidad. La causa judicial compromete contratos y procesos de compras, y por eso genera atención política y mediática.
La causa está a cargo del Ministerio Público Fiscal y de los tribunales que ordenaron los allanamientos. Fuentes judiciales confirmaron que además del efectivo secuestrado se recolectaron elementos de prueba que se analizarán para determinar responsabilidades penales y administrativas.
Fuentes: El Día
