Ante la ONU, el subsecretario Alberto Baños pidió por una "memoria completa" y cuestionó la cifra de 30.000 desaparecidos

En Ginebra, la delegación argentina defendió su postura sobre memoria y derechos humanos

En la presentación ante el Comité contra la Tortura de la ONU, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, encabezó la delegación argentina y defendió la propuesta de una “memoria completa”, cuestionando además la cifra de 30.000 desaparecidos durante la dictadura. La intervención derivó en un cruce con expertos del Comité y generó un fuerte debate diplomático sobre el rumbo oficial en materia de derechos humanos.

El contexto de la comparecencia

La audiencia se celebró en Ginebra en el marco de la revisión periódica que realiza el Comité contra la Tortura a los Estados parte de la Convención. Argentina afrontó cuestionamientos por la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos a subsecretaría, por políticas de seguridad como el protocolo Antipiquetes, por el uso de decretos de necesidad y urgencia y por presuntas demoras en nombramientos judiciales claves. Frente a estas consultas, la delegación sustentó su defensa técnica y política ante los comisionados.

Memoria completa: qué dijo Baños

Baños pidió incorporar a la discusión pública una “memoria completa” que, según su exposición, incluya a todas las víctimas de la violencia política, incluidas las causadas por organizaciones armadas. En ese marco vinculó la cifra de 30.000 desaparecidos con lo que describió como “un relato” que, en su opinión, debería ser revisado. La referencia coincidió con discursos sostenidos por figuras afines al gobierno y generó reacciones por parte de organizaciones de derechos humanos que defienden la cifra como un símbolo de la magnitud del terrorismo de Estado.

Críticas y tensiones con ONG y expertos

Durante la intervención, Baños cuestionó la veracidad de algunos informes de organizaciones no gubernamentales citados por el Comité, con énfasis en documentos del CELS. Afirmó que algunos reportes fueron “aceptados sin análisis” y denunció la existencia de “datos falsos”. Los miembros del Comité, así como representantes de ONG presentes o que enviaron informes, rechazaron esas imputaciones y demandaron garantías para la preservación de archivos, sitios de memoria y el acceso pleno a la verdad y la justicia.

Institucionalidad en juego

Los comisionados consultaron sobre la reestructuración del área de Derechos Humanos, la continuidad de políticas de memoria y la situación de sitios como la ex-ESMA. Baños sostuvo que no se habían cerrado archivos ni sitios de memoria y que se estaban realizando refacciones; citó también pagos realizados bajo la Ley 25.914 y afirmó que la administración mantiene obligaciones de verdad y justicia bajo una visión que, según él, no debe ser parcial.

Cuestiones legales y políticas

El subsecretario aludió además a una actividad que describió como “lobby” internacional en contra del gobierno y acusó a algunas agrupaciones de derechos humanos de prácticas corruptas o de lucrar con la defensa de derechos. Estas declaraciones se dieron en un contexto político cargado: la administración nacional ha mostrado desde hace meses una postura crítica frente a organismos internacionales —Argentina se retiró del Consejo de Derechos Humanos— y, a su vez, mantuvo posiciones contrarias en votaciones internacionales sensibles, como la relacionada con la Corte Penal Internacional.

Qué sigue: el informe del Comité

Tras la audiencia, el Comité contra la Tortura elaborará observaciones y recomendaciones. Estos documentos no son vinculantes, pero suelen influir en la opinión internacional y en la agenda diplomática. El informe del Comité puede marcar líneas de presión y recomendaciones en temas como preservación de archivos, acceso a la justicia, protección de víctimas y la continuidad de las políticas públicas de memoria.

Reacciones locales e implicancias

La presentación en Ginebra será leída por diferentes actores políticos y sociales en Argentina como un termómetro del posicionamiento oficial en derechos humanos. Las organizaciones que históricamente trabajaron en memoria y justicia han expresado preocupación por posibles retrocesos y por la minimización de cifras simbólicas como la de 30.000 desaparecidos, mientras que sectores del oficialismo defienden la ampliación narrativa hacia lo que llaman «otras víctimas».

Contexto histórico y técnico

La cifra de 30.000 desaparecidos es una referencia focal en la memoria argentina, utilizada por militantes, organizaciones de derechos humanos y gran parte de la sociedad para representar la magnitud del terrorismo de Estado. La estimación surgió de distintos relevamientos y testimonios, y tiene un valor simbólico además de referencial. El Comité contra la Tortura, como órgano de supervisión de la Convención, examina la implementación de obligaciones para prevenir tortura y tratos crueles, y toma en cuenta informes estatales, observaciones de expertos y aportes de la sociedad civil.

Fuente original: Perfil