Asesor presidencial justificó no acumular reservas y encendió alertas del mercado

Política, reservas y una decisión con impacto económico
La discusión sobre la acumulación de Reservas internacionales por parte del Banco Central (BCRA) volvió al centro del debate luego de una frase pública de J. C. de Pablo, asesor cercano al Presidente y vinculado además al sindicalismo a través de su relación con Gerardo Martínez. De Pablo justificó políticamente la decisión de no comprar Reservas en el mercado: evitar que un eventual gobierno populista las dilapide. Esa explicación encendió señales de alarma en el mercado y reavivó preguntas sobre la sostenibilidad de la estrategia cambiaria y financiera del gobierno.
Qué implica no comprar Reservas
Cuando el BCRA compra dólares en el mercado utiliza pesos para pagar esos dólares; eso aumenta la base monetaria si no se esteriliza, y en teoría puede presionar sobre la inflación y sobre la cotización del dólar. Por eso, desde el punto de vista técnico, la decisión exige un trade-off entre fortalecer el stock de Reservas y controlar la emisión. La declaración pública de un asesor presidencial que prioriza un argumento político —no dejar activos líquidos a futuros gobiernos considerados “populistas”— demora esa decisión hacia la no acumulación.
La alternativa: dólares externos y deuda
En el texto original se alude a S. Bessent como proveedor recurrente de dólares, en lo que se interpreta como una línea de financiamiento externo que funcionaría como un “cañoducto” de divisas. El recurso a esos dólares, según analistas del mercado citados en el mismo informe, habría venido acompañado por instrumentos financieros —letras del BCRA que rindieron intereses— y por activaciones de mecanismos internacionales como un swap de monedas con Estados Unidos. En otros términos: la presión de no comprar Reservas habría sido contenida con deuda, swaps y liquidaciones excepcionales que, aunque alivian una crisis inmediata, incrementan compromisos futuros.
Riesgo político y confianza
El argumento expuesto por De Pablo tiene dos efectos políticos: por un lado, explica por qué el gobierno evita acumular Reservas —para que no exista un stock que un eventual gobierno adversario pueda usar—; por otro, genera una percepción de riesgo permanente. Para los mercados esa percepción deteriora la confianza, porque introduce incertidumbre sobre la continuidad de políticas y sobre la disponibilidad de un colchón de dólares en una eventual urgencia. En términos prácticos, un mercado que percibe un “riesgo populista” constante puede exigir mayor premio por el financiamiento y retraer inversiones.
La opacidad del acuerdo externo
Otra arista que resalta la nota es la falta de información pública sobre los acuerdos externos que sostienen el flujo de dólares. Se cita el comentario del ex presidente español J. M. Aznar en un foro, al repetir tres veces que “EEUU apoyará plenamente, toda vez que la Argentina cumpla con lo acordado”, sin explicar públicamente qué contiene ese acuerdo. Esa opacidad alimenta especulación: si existe un respaldo abierto y permanente de terceros, ¿cuál es el costo político y económico asociado?
Contexto histórico y geopolítico
El análisis del artículo ubica la situación en una tradición histórica de relaciones entre países centro y periferia y en la lógica de ‘invitaciones’ al desarrollo que implican apertura de mercados, inversiones y transferencia tecnológica. En ese marco, la cuestión de las Reservas no es solo técnica: se enmarca en una negociación más amplia sobre financiamiento, condicionalidades y reglas del juego internacional que no siempre se muestran en los términos que la ciudadanía puede evaluar.
Conclusión
La frase de un asesor presidencial que prioriza una razón política para no comprar Reservas puso de relieve una decisión cuyo impacto trasciende el discurso: afecta la política cambiaria, el financiamiento público y la percepción de riesgo en los mercados. La falta de información clara sobre los acuerdos con terceros y el recurso a herramientas financieras de corto plazo obligan a un debate público sobre costos, capacidades y los compromisos que el país asume para sostener la estabilidad momentánea.
Fuente: El Economista
