Aviones vinculados a la AFA: compras con dólares oficiales y empresas ligadas a Toviggino

Investigación pública sobre aeronaves usadas por dirigentes del fútbol

Una investigación periodística documenta que dos Learjet ligados a dirigentes y operadores del fútbol argentino ingresaron al país con distintos arreglos comerciales y societarios; uno fue comprado con acceso a dólares oficiales y otro pasó por empresas vinculadas a personas cercanas al tesorero de la AFA.

Qué reveló la pesquisa

El informe identifica un Bombardier Learjet 60XR matrícula LV-JQQ (MSN 60-351) a nombre de Listra 200 SA —conocida como Listrair— vinculada al empresario Javier Horacio Faroni. La aeronave fue traída al país en 2020 por una sociedad que luego cambió de nombre y terminó vendiéndola a Listra 200 SA en junio de 2024. La compra original se realizó aprovechando el acceso al Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que permite la obtención de dólares al tipo de cambio oficial para operaciones de comercio exterior.

Movimientos y uso operativo

Desde que la aeronave quedó a nombre de Faroni, se registraron alrededor de 350 tramos —aproximadamente 175 vuelos— con rutas principalmente domésticas y viajes a Brasil, Uruguay y Paraguay. En 2025 la nave partió hacia Fort Lauderdale para mantenimiento y allí permanece con intención de venta según la pesquisa. En los registros públicos algunas trazas están bloqueadas a pedido del propietario, pero aportes de fuentes abiertas permitieron reconstruir movimientos parciales.

El otro Learjet y la red societaria

El segundo avión es un Bombardier Learjet 60 matrícula LV-FUT (MSN 60-179) que ingresó en 2014 y fue operado por Excel Servicios Aéreos SA. En 2022 la aeronave fue transferida a Soma SRL, una sociedad con vínculos investigados hacia personas cercanas al tesorero de la AFA, y en 2025 la titularidad figura a nombre de Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos SA (Flyzar). La pesquisa describe una estructura de transferencias societarias y ventas con montos y condiciones que, según fuentes del sector, llaman la atención por su forma de instrumentación.

¿Qué cuestionan los investigadores?

El eje del cuestionamiento es el posible uso del acceso a divisas oficiales para financiar importaciones a precios declarados que no siempre coinciden con valores de mercado, lo que podría beneficiar a compradores concretos. En algunos casos se denuncia la sobrefacturación de importaciones y triangulaciones societarias que facilitan opacidades en la titularidad real de las aeronaves.

La operatoria descrita en el informe incluye la inscripción de aeronaves a nombre de sociedades vinculadas con operadores de vuelos ejecutivos, la utilización de mecanismos administrativos para acceder a dólares al tipo de cambio oficial (SIRA) y ventas internas posteriores. Todo esto fue motivo de una causa judicial que se abrió en 2021 en el juzgado federal a cargo del juez Ariel Lijo, con actuaciones y denuncias complementarias registradas por distintas partes.

Actores y relaciones

El trabajo periodístico menciona a empresarios con roles en medios y en el fútbol, así como a la empresa Flyzar y su propietario aparente, Gustavo Fernando Carmona, que habría operado aeronaves empleadas por funcionarios y figuras públicas. También aparecen nombres vinculados a la gestión de la AFA en los últimos años. Las relaciones entre operadores de vuelos ejecutivos, sociedades pantalla y actores del deporte forman el núcleo de la investigación.

Qué dice la documentación pública

Según los registros citados, la ANAC y AFIP consignaron datos sobre importaciones y valores declarados. En el caso de una compra previa de un Challenger 604 por 6.980.000 dólares, la AFIP detectó una sobrefacturación del 20% respecto de operaciones comparables, lo que motivó medidas administrativas y judiciales. En diciembre de 2023 hubo una resolución que sobreseyó a uno de los empresarios mencionados en la causa, según consta en el expediente.

Implicancias y preguntas abiertas

La investigación no solo apunta a la trazabilidad de las aeronaves sino también a una práctica extendida en determinados segmentos para acceder a divisas y registrar operaciones con estructuras societarias complejas. Las preguntas que quedan son de índole judicial y administrativa: quiénes fueron los beneficiarios últimos, si hubo irregularidades comprobadas en la importación y si la operatoria configuró delitos como el contrabando o la evasión en algunos casos.

Fuentes: Clarín