Cambiar las leyes laborales, más de 40 años después
Por qué proponen actualizar las regulaciones laborales y qué cambios plantea el proyecto
En los últimos años la dinámica del empleo en Argentina mostró un crecimiento distinto al de la década anterior: mientras entre 2003 y 2011 el empleo privado registrado crecía a un ritmo promedio anual del 7,4%, desde 2011 en adelante ese crecimiento se ubicó en torno al 0,62% anual. Frente a esa transformación del mercado laboral, surgió un proyecto que busca adaptar leyes que datan de la segunda mitad del siglo XX.
Datos clave sobre empleo y cambios recientes
Entre fines de 2023 y la fecha del análisis, la economía habría registrado un promedio anual de creación de 60.000 puestos de trabajo; sin embargo, según el diagnóstico que sustenta la propuesta, ninguno de esos empleos correspondió al sector privado registrado, que en ese mismo período habría perdido un promedio de 54.000 puestos por año. Esos números explican, en parte, la discusión sobre modernizar normas diseñadas para otra realidad productiva y tecnológica.
Qué leyes se cuestionan y su antigüedad
- La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) data de 1974 (texto ordenado en 1976) y recibió pocos cambios de fondo desde entonces.
- La Ley de Convenciones Colectivas (Ley 14250) fue sancionada en 1953; su última reforma profunda fue en 1988.
- La Ley de Asociaciones Sindicales (Ley 23.551) tiene como referencia principal el texto de 1988.
En 2023 el gobierno dictó el Decreto 70/2023, que buscó introducir modificaciones amplias pero varias de sus medidas fueron suspendidas por la Justicia. Tras cambios en el escenario político y con mayor capacidad legislativa del Ejecutivo, reapareció la iniciativa de avanzar por la vía del Congreso.
Principales puntos del proyecto de reforma
El proyecto presentado como base de la discusión incluye, entre otros, los siguientes ejes:
- Posibilidad de acuerdos individuales o colectivos que modifiquen elementos esenciales del contrato, con homologación judicial o administrativa.
- Facultades para que el empleador pueda modificar ciertas condiciones del contrato (horario, tareas, lugar de trabajo) dentro de límites acordados.
- Ampliación del listado de beneficios sociales: provisión de internet, sepelios, útiles escolares, guardería, entre otros.
- Incorporación de medios de pago alternativos, incluyendo plataformas interoperables y fintech.
- Autorización para distribuir el período de vacaciones durante todo el año, en lugar del actual marco estacional (octubre-abril).
- Introducción de institutos como banco de horas y francos compensatorios en acuerdos colectivos.
- En juicios laborales, fijación de una tasa de interés para condenas en 3% y autorización a las pymes para pagar indemnizaciones en cuotas.
Salario dinámico y descentralización de negociaciones
Uno de los conceptos más discutidos es el del “salario dinámico”: en lugar de pisos obligatorios fijados en convenios, se propone establecer salarios de referencia que orienten la negociación. La intención es descentralizar acuerdos y permitir adaptaciones por empresa o sector; críticos señalan que eso podría debilitar la protección salarial, mientras que sus defensores sostienen que facilitaría la creación de empleo registrado.
Impactos y preguntas abiertas
La reforma busca equilibrar flexibilidad para las empresas y protección para los trabajadores. Entre las dudas pendientes están: cómo se garantizará la homologación efectiva de acuerdos, de qué manera se protegerán los derechos básicos en sectores con menor capacidad de negociación y cómo se fiscalizará el cumplimiento de los nuevos esquemas, sobre todo en pymes y microempresas. También está la discusión sobre la ultraactividad de los convenios y la eventual modificación de reglas para elecciones sindicales.
El debate será tanto técnico como político: implica decidir qué modelo de regulación laboral se considera más adecuado para una economía con mayor peso de la informalidad, plataformas digitales y cambios en la organización productiva. Para la ciudadanía, la discusión debería traducirse en claridad sobre cuándo un cambio facilita empleo de calidad y cuándo puede fragmentar derechos conquistados.