Cárceles bonaerenses: casi 63 mil presos y un 116,9% de sobrepoblación, alerta la Comisión
Datos del seguimiento: casi 63 mil personas privadas de la libertad y alta sobrepoblación
La Comisión Provincial por la Memoria informó que en octubre de 2025 había 62.711 presos alojados en unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), con una sobrepoblación del 116,9% respecto a la capacidad. Esos indicadores describen una situación que la entidad calificó como crítica y que reclama respuestas rápidas del Estado provincial.
Composición de la población carcelaria
Del total reportado, 30.701 internos tienen sentencia firme y 28.401 están procesados en distintas causas. La institución relevó también datos sobre la población femenina: hay 3.765 mujeres alojadas y 102 mujeres trans. Además, 63 mujeres se encuentran embarazadas o están con hijos, y 36 niños están alojados junto a sus madres en las unidades penitenciarias.
Muertes y aumento reciente
En lo que va de 2025 se registraron 188 muertes de reclusos dentro de los complejos penitenciarios provinciales. El crecimiento de la población privada de libertad es marcado: 2024 cerró con 59.497 presos, por lo que en once meses la cifra aumentó en más de 3.000 personas, lo que revela una aceleración de detenciones y una falta de ampliación proporcional en la capacidad carcelaria.
Consecuencias prácticas de la sobrepoblación
Altos niveles de hacinamiento impactan en el acceso a condiciones dignas de detención, a servicios de salud, higiene y a la posibilidad de medidas alternativas o programas de reinserción. La sobrepoblación también complica la gestión institucional y eleva el riesgo de incidentes, fugas y problemáticas de seguridad dentro y fuera de los establecimientos.
Responsabilidad institucional y reclamos
La situación puso en cuestión el desempeño del SPB y las autoridades provinciales encargadas de la política penitenciaria. Organismos de derechos humanos y la Comisión Provincial por la Memoria reclaman planes integrales que combinen intervenciones en infraestructura, políticas de reducción de la población carcelaria —como alternativas a la prisión preventiva cuando procedan— y programas efectivos de tratamiento y reinserción social.
Impacto local y regional
El colapso de plazas penitenciarias tiene efectos secundarios en la seguridad y en la gestión judicial: demoras en causas, uso prolongado de la prisión preventiva y dificultades para separar a condenados de procesados. En paralelo, familias y comunidades sufren las consecuencias de esta crisis institucional, tanto por el aumento de presos como por la falta de políticas públicas que atenúen las causas estructurales de la criminalidad.
¿Qué medidas piden actores sociales y sindicales?
Reclamos recientes incluyen mejores condiciones laborales y de seguridad para el personal penitenciario, inversiones en infraestructura, y reformas que privilegien penas alternativas y mecanismos para descomprimir la población carcelaria. Organizaciones civiles también exigen mayor transparencia en la gestión, protocolos sanitarios y atención médica adecuada para internos.
Conclusión
Los datos publicados por la Comisión Provincial por la Memoria muestran una emergencia en el sistema penitenciario bonaerense. La combinación de aumento sostenido de presos, elevado porcentaje de sobrepoblación y muertes en las unidades exige una respuesta articulada entre el Poder Ejecutivo provincial, el Poder Judicial y organismos de derechos humanos para diseñar soluciones que garanticen condiciones mínimas de detención y alternativas a la prisión cuando correspondan.
Fuentes: El Día (La Plata)