Casa de la Moneda negocia deudas millonarias antes de avanzar con la privatización

Nuevo directorio y la cuenta pendiente por más de US$ 300 millones

La Casa de la Moneda puso fin a la intervención que duró más de un año y constituyó un directorio presidido por el exinterventor Pedro Cavagnaro. La decisión forma parte del plan de reestructuración del organismo que opera desde hace 150 años y que hoy enfrenta reclamos de acreedores por más de US$ 300 millones antes de avanzar hacia su transformación en sociedad anónima y eventual privatización.

Qué se negocia y quiénes reclaman

La deuda involucra a empresas locales e internacionales que reclaman pagos por insumos e inversiones realizadas en los últimos años. Entre los acreedores aparecen la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España (FNMT), la suiza SICPA (fabricante de tintas), la alemana GSI, KBA (fabricante de impresoras de billetes), la china China Banknote Printing and Minting Corporation y proveedores argentinos como Permaquim. La FNMT, famosa por su rol en la impresión de billetes en Europa, visitó al equipo de Cavagnaro en al menos dos oportunidades desde octubre pasado.

Acuerdos parciales y pagos en cuotas

Según fuentes oficiales citadas por la cobertura, la Casa de la Moneda ofreció planes de pago. En el caso de SICPA, la firma cobró el año pasado unos US$ 80 millones en bonos del Tesoro, lo que representa casi el 30% de la deuda total del organismo. Para otros proveedores se habrían acordado planes de hasta 12 cuotas y sin cobertura de intereses en algunos casos, en una negociación supervisada desde el Ministerio de Economía.

Las máquinas y el rol de China

Un capítulo sensible es el de las impresoras de billetes. La gestión previa adquirió dos máquinas nuevas a KBA; la primera llegó en 2002 y la segunda dos días antes de la asunción de la actual administración. Tras intentos frustrados de devolución, las máquinas permanecen inutilizadas. En paralelo, China se convirtió en el proveedor casi absoluto: según datos del Banco Central, en los últimos dos años Argentina importó al menos 1.420 millones de billetes por un costo total de US$ 72 millones. Beijing llegó a vender billetes argentinos a un precio calculado entre US$ 48 y US$ 58 por cada millar de unidades, circunstancia que fuentes del sector calificaron como "dumping" por su efecto sobre otros fabricantes.

Repercusiones internacionales

La situación generó inquietud en actores extranjeros: la embajada de Estados Unidos expresó su preocupación por el predominio de China en la fabricación de billetes argentinos. A su vez, la presencia de empresas francesas y multis europeas en las rondas de negociación —y el vínculo con la agenda bilateral— llevó el tema hasta instancias diplomáticas, según las fuentes consultadas.

Reestructuración interna y recortes de personal

Durante la intervención Cavagnaro paralizó la impresión de billetes en el país —importando en buena parte desde China— y redujo la plantilla de 1.300 a 600 empleados mediante retiros voluntarios y telegramas con indemnizaciones al 50%. Parte del plan prevé convertir el organismo en Sociedad Anónima, transferir funciones no centrales (por ejemplo, la gestión de pasaportes al RENAPER) y traspasar unidades de control y trazabilidad a ARCA, además de la delegación de servicios tecnológicos a ARSAT. El gobierno justificó los cambios en la necesidad de achicar costos operativos y regularizar deudas antes de avanzar hacia la privatización.

Resistencia sindical y llamados a auditorías

El sindicato ATE denunció intentos de «vaciamiento» y pidió mayor participación en las decisiones. En la última audiencia vinculada al Proceso Preventivo de Crisis (PPC), ATE reclamó la inclusión de la Casa de la Moneda en licitaciones del Banco Central y solicitó auditorías validadas por la Auditoría General de la Nación; los informes de 2024 aún no aparecen en el sitio oficial, según el gremio. Desde la secretaría de Trabajo, por su parte, no habría hasta el momento una resolución que reconozca formalmente la crisis empresarial, según las fuentes gremiales.

Qué resta resolver

Antes de cualquier venta o privatización, el gobierno busca cerrar acuerdos con acreedores y completar la reestructuración operativa y patrimonial. Entre los pasos pendientes aparecen la regularización de pasivos, la finalización de procesos de transferencia de funciones y la definición de la modalidad societaria que tomará la entidad. El eventual proceso de privatización dependerá de esos avances y del marco legal que el Ejecutivo y el Congreso acuerden para la operación.

Fuentes: Clarín, datos publicados por el Banco Central y declaraciones oficiales citadas por la cobertura.