Casación confirmó la intervención de Arroyo Salgado en la causa por enriquecimiento contra Kueider
Decisión de la Cámara Federal de Casación y alcance procesal
La Cámara Federal de Casación ratificó la intervención de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como principal imputado al exsenador Edgardo Kueider y dejó firmes procesamientos, embargos y medidas patrimoniales dictadas en instancias anteriores. La resolución fue adoptada por la Sala I del máximo tribunal penal integrada por Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Mariano Borinsky.
Qué resolvió y por qué importa
Los jueces de Casación rechazaron los recursos de queja presentados por diversas defensas que buscaban apartar a la magistrada y cuestionaban la competencia del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro. Con ese rechazo, se consolidaron los procesamientos y las medidas cautelares —entre ellas embargos e inhibiciones— que habían quedado firmes en la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.
Quiénes están procesados y los delitos imputados
Entre los procesados cuya situación quedó confirmada figuran Rodolfo Daniel González, acusado de presunto coautor de lavado de activos doblemente agravado y del uso de instrumento privado falso; y Adriana Cecilia Crucitta, procesada como presunta coautora de lavado de activos agravado. La Sala I también rechazó los planteos de otras defensas —incluidas las de José Carlos Nogueras y Gabriela Saint Pierre— y de varias sociedades comerciales que cuestionaban la competencia territorial del juzgado de San Isidro.
Cómo sigue la causa en la Argentina
La resolución no resolvió de manera directa la situación procesal del exsenador Kueider, pero al consolidar la intervención de Arroyo Salgado y las medidas adoptadas en instancias previas permite que la investigación por enriquecimiento ilícito continúe en la etapa de instrucción ante el juzgado federal de San Isidro. Ese expediente investiga un supuesto entramado que incluiría maniobras de lavado de dinero, la participación de exfuncionarios, particulares y sociedades comerciales, y vínculos con operaciones inmobiliarias.
Contexto internacional: detención en Paraguay y pedido de extradición
La causa local se desarrolla en paralelo a procesos en el exterior. En diciembre último, Kueider fue detenido en Paraguay junto con su secretaria, Iara Guinsel Costa, cuando intentaban ingresar a Ciudad del Este desde Brasil con dinero en efectivo sin declarar. En ese procedimiento se secuestraron más de 200.000 dólares, 600.000 pesos y aproximadamente 3,9 millones de guaraníes. Por esos hechos, ambos fueron enviados a juicio oral en Paraguay por tentativa de contrabando de divisas.
La Argentina pidió la extradición de Kueider en enero de este año. En Paraguay, la Fiscalía solicitó información complementaria para cumplir los requisitos formales previstos en los tratados internacionales; tras la remisión de esa documentación, la Fiscalía General del Estado paraguayo promovió formalmente el inicio del proceso de extradición y la orden de detención preventiva. Kueider se negó a ser trasladado y cumple arresto domiciliario mientras se sustancia el proceso en ese país.
Conexiones con otras investigaciones
La jueza Arroyo Salgado dirige además la denominada "causa Securitas", que investiga presuntos sobornos de una empresa de seguridad privada para facilitar contrataciones públicas. Aunque Kueider no figuró inicialmente en ese expediente, fue incorporado luego ante la sospecha de que fondos provenientes de presuntos cohechos podrían haber sido el origen de algunas de sus inversiones inmobiliarias. Esa vinculación explica, en parte, la preocupación por posibles circuitos de dinero entre distintas causas.
Qué implica para la investigación local
La confirmación de la competencia y de las medidas patrimoniales permite que el juzgado de San Isidro avance con diligencias de instrucción, pedidos de prueba y actuaciones sobre bienes embargados. Para la defensa, la estrategia seguirá siendo cuestionar actuaciones y recurrir a instancias superiores; para el Ministerio Público Fiscal y los querellantes, la decisión de Casación refuerza el andamiaje procesal que sostiene la pesquisa.
Fuentes: Infobae