Causa Seguros: Casación confirmó el procesamiento de Alberto Fernández

La Cámara Federal de Casación ratificó procesamientos vinculados a contrataciones durante el gobierno de Fernández

La Cámara Federal de Casación confirmó el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández por la contratación de seguros durante su gestión, según la resolución conocida hoy. La decisión incluye además el procesamiento del broker Héctor Martínez Sosa y de María Cantero, ex secretaria privada del ex mandatario.

La Sala de Casación también dejó firmes procesamientos y prohibiciones de salida del país para varios imputados por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y —en algunos casos— por defraudación contra la administración pública.

Quiénes fueron procesados

• Alberto Fernández —procesamiento confirmado por negociaciones incompatibles con la función pública vinculadas a contrataciones de seguros.
• Héctor Martínez Sosa —broker procesado en la causa.
• María Cantero —ex secretaria privada del ex presidente, procesada por incumplimiento de deberes de funcionario público.
• También fueron procesados Osvaldo Alfredo Tortora; Agustín Beraldi; Emanuel Raúl Andrés Calvo; Andrés Severino; Alberto Carlos Pagliano; Gustavo Carlos García Argibay; Carlos Alberto Soria; Fernando Arana; y Mauro Damián Tanos, entre otros.

Qué implica la decisión de Casación

La Cámara Federal de Casación Penal es el máximo tribunal penal federal en materia de cuestiones procesales y revisiones de fallos. La confirmación del procesamiento por parte de Casación no constituye una condena; significa que, en esta etapa, el tribunal consideró que hay elementos suficientes para sostener la apertura de una investigación penal formal y las medidas cautelares dictadas.

El procesamiento habilita el avance de la investigación con acusaciones formales y la posibilidad de que el juez de la causa continúe con medidas probatorias, audiencias y, eventualmente, un juicio oral si la fiscalía decide llevar adelante la acusación.

Reacciones y contexto

Hasta el momento de publicarse la resolución, no constan en el expediente sentencias condenatorias; la causa se centra en la sospecha de negociaciones incompatibles con la función pública y presuntas irregularidades en la contratación de pólizas. Los defensores de los procesados suelen alegar falta de pruebas suficientes o argumentar que se trató de decisiones administrativas con ajustes contractuales, defensa que ahora podrá presentarse en las instancias siguientes del proceso.

Fuente: El Día