Coimas en ANDIS: quién es Franco Picardi, el fiscal detrás del dictamen de casi 300 carillas

Investigación y alcance

Franco Picardi, fiscal federal 5, firmó un dictamen de casi 300 carillas que describe presuntas acciones ilícitas y acuerdos espurios entre funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y actores del sector privado vinculados a droguerías y prestadoras de medicamentos. En ese texto pidió detenciones e indagatorias que ya comenzaron a tramitarse en los tribunales federales de Comodoro Py.

Trayectoria y cargos

Picardi ingresó al Poder Judicial como meritorio a los 18 años, en 1997, y según su curriculum ocupó "todos los cargos del escalafón" antes de acceder al Ministerio Público Fiscal. Entre mayo de 2011 y febrero de 2014 fue Subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, durante la gestión de Julio Alak. En mayo de 2015 obtuvo el acuerdo del Senado para asumir como fiscal federal 5, cargo que ocupa desde entonces.

Además de sus funciones como fiscal, Picardi es vicepresidente segundo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia nacional en representación de la Lista Celeste, espacio que se define como más progresista frente a la Lista Bordó.

Qué relata el dictamen

Tras casi tres meses de instrucción, el dictamen que firmó el fiscal describe la existencia de una organización que habría cometido ilícitos en perjuicio de la administración pública y, en particular, de personas con discapacidad y beneficiarios de pensiones no contributivas. Picardi sostiene que las operaciones habrían permitido la obtención de “amplias sumas de dinero de manera indebida”, y por ese motivo solicitó medidas cautelares y la citación a indagatoria de varios imputados.

Las primeras declaraciones judiciales incluyeron a Miguel Ángel Calvete —señalado por el fiscal como un director “para-estatal” de la Agencia—, y a Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini. El dictamen prevé que la ronda de indagatorias continúe hasta la primera semana de diciembre, con una docena de imputados adicionales.

Actores vinculados

En el escrito judicial Picardi alude a “personas del sector privado vinculado a las droguerías y prestadoras de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia”. Entre los nombres que aparecen en la investigación figura Sergio Mastropietro, descrito como operador financiero y persona de confianza de Calvete. Mastropietro también conecta esta causa con otra investigación de relevancia pública: fue socio de Federico "Fred" Machado, empresario con causas en Estados Unidos.

El vínculo entre Mastropietro y Machado vuelve a poner en escena una red que, según el fiscal, operó entre el sector público y privados del mercado farmacéutico y de suministros médicos.

Método y criterios de investigación

En una entrevista previa con la revista Quórum, Picardi sostuvo que la corrupción debe entenderse como parte de un fenómeno mayor: la criminalidad económica. Por ello, defendió un enfoque que no se limite a investigar a funcionarios públicos sino que identifique las redes de relaciones entre distintos actores. Ese enfoque atraviesa el dictamen que firmó en la causa ANDIS: busca mostrar vínculos y circuitos financieros más allá de los cargos oficiales.

Antecedentes relevantes de su gestión

Durante los diez años al frente de la fiscalía, Picardi intervino en causas de alto impacto público, entre ellas el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la megacausa por espionaje ilegal y la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional. El concurso por el que accedió a su cargo fue objetado en su momento por un abogado, pero la denuncia se archivó por inexistencia de delito.

Qué sigue en la causa

El dictamen remitido al juez Sebastián Casanello pidió una serie de detenciones e indagatorias; las diligencias ya comenzaron a tramitarse en Comodoro Py y proseguirán en las próximas semanas. El avance de la investigación dependerá de las medidas que autorice el magistrado y de la producción probatoria que presenten las partes.

Por qué importa

La causa obliga a analizar no solo responsabilidades individuales sino el entramado entre el Estado y privados en la provisión de medicamentos e insumos para población vulnerable. Si las imputaciones prosperan, la investigación podría tener consecuencias políticas y administrativas para quienes ocuparon cargos en la ANDIS y para las empresas contratistas involucradas.

Fuente: Perfil