Crece la polémica por la designación de Carlos Presti como ministro de Defensa

Reclamos y críticas por la llegada de un militar al gabinete
La reciente designación de Carlos Presti como ministro de Defensa abrió un debate público y político: hay reclamos para que el funcionario pida el retiro de las Fuerzas Armadas antes de asumir y voces que califican la decisión como una provocación. Las reacciones cruzadas muestran el peso político e histórico que tiene el nombramiento de militares para cargos civiles en Argentina.
Las posiciones enfrentadas
El exministro de Defensa Julio Martínez respaldó la idea de que Presti solicite su retiro del Ejército antes de ocupar la cartera: "Tiene que pedir el retiro. Hay artículos y leyes que así lo dicen, que no pueden asumir cargos políticos ajenos o distintos a sus funciones", sostuvo Martínez en declaraciones radiales, y citó el antecedente de otros casos donde se pasó a retiro a oficiales que asumieron roles políticos.
En sentido contrario, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, calificó la designación como una "provocación" y advirtió sobre el riesgo de reabrir heridas históricas: "Esto es iniciar una situación de violencia en la sociedad, cuando ya sabemos la vida que ha tenido la Argentina con los golpes de Estado, con las dictaduras y con todo lo que hemos sufrido", afirmó.
Argumentos legales y prácticas previas
La discusión gira en torno a prácticas administrativas y a la interpretación de normativas vinculadas a la carrera militar y el ingreso a funciones políticas. Desde algunas voces técnicas y políticas se recuerda que el paso al retiro de un militar activo facilita la separación institucional entre la estructura castrense y el Poder Ejecutivo, evitando la percepción de militarización de decisiones civiles. Otros sostienen que, si se garantiza la subordinación al control civil y el respeto a la Constitución, la presencia de personal con formación militar en el gabinete no debería ser en sí misma un problema.
El caso Berni como antecedente y la defensa de Martínez
Julio Martínez rememoró su gestión y puso el ejemplo de Sergio Berni, a quien dijo haber pasado al retiro cuando detectó irregularidades en su situación. Para Martínez, la medida de pasar al retiro a miembros de las Fuerzas Armadas que asumen cargos políticos no es inédita y busca preservar normas y prácticas institucionales.
Familiares y señalamientos
La designación también despertó cuestionamientos por la historia familiar del nuevo funcionario: trascendió que su padre, Carlos Roque, fue comandante del Regimiento 7 de Infantería de La Plata durante el proceso militar. Esa referencia generó críticas de sectores que consideran que la mera vinculación familiar con figuras del pasado represivo amerita prudencia en la ocupación de cargos sensibles. Martínez respondió a esas objeciones pidiendo no juzgar por "portación de apellido" y advirtiendo contra lo que calificó como prácticas de estigmatización.
Clima político y temores sociales
La discusión adquirió un tono político más amplio: para organizaciones de derechos humanos, la presencia de militares o de personas con vínculos familiares con la última dictadura en el gobierno activa recuerdos dolorosos y plantea dudas sobre el compromiso con la memoria y la justicia. Desde distintos sectores políticos se evalúa si el Ejecutivo tomará medidas para despejar esas inquietudes, como pedir el retiro honorífico del funcionario o garantizar mecanismos de control civil reforzados en la cartera.
Qué se espera en los próximos días
La expectativa pública y mediática ahora está puesta en los pasos administrativos que dará el Gobierno y en las definiciones internas: si Presti solicita el retiro o si el Ejecutivo emite una aclaración sobre su rol y las condiciones de su ingreso. También se espera que voces del Parlamento, organismos de derechos humanos y sectores civiles expongan sus posturas en audiencias o declaraciones públicas.
Contexto institucional
En democracia, la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil y al marco constitucional es un principio central. Cualquier nombramiento que involucre a personal con formación castrense suele evaluarse a la luz de ese principio, de antecedentes institucionales y de la necesidad de evitar tensiones que remitan a episodios de violencia política del pasado.
Fuentes: El Día — Crece la polémica por el nuevo ministro de Defensa
