Cuestionan aumento de tarifas de energía y su vínculo político en Santa Fe

Tarifas, EPE y representación: una discusión abierta

Las tarifas de energía, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y el gobernador Maximiliano Pullaro están en el centro del debate público en Santa Fe: críticos señalan aumentos trasladados directamente a los usuarios y falta de control legislativo. El cuestionamiento incluye además el rol de los diputados santafesinos que, según la crítica, acompañan en el Congreso las medidas centrales del gobierno nacional.

En el último período, la política tarifaria provincial aplicada sobre la EPE motivó denuncias públicas por aumentos sostenidos, falta de información clara para usuarios y para el propio Parlamento provincial, y ausencia de auditorías públicas transparentes. Desde sectores que se identifican con la gestión anterior se afirma que la decisión de trasladar el ajuste a las boletas replica la lógica del gobierno nacional: que sean los hogares, comercios y pymes los que afronten el costo del ajuste.

La EPE es la empresa provincial concesionaria del servicio eléctrico en Santa Fe. Como empresa pública, su estructura de costos, procedimientos de facturación y mecanismos de control deberían estar sujetos tanto a normativa administrativa como a supervisión legislativa. Las críticas actuales sostienen que no existe un control legislativo efectivo sobre decisiones tarifarias y en la práctica la empresa funciona con opacidad financiera, según el autor de la nota de opinión original.

Comparaciones con la gestión anterior

Quienes cuestionan la política actual recuerdan que durante la gestión de Omar Perotti las decisiones tarifarias no superaron los reconocimientos paritarios de los trabajadores de la EPE. Esa política fue presentada en su momento como una decisión orientada a cuidar el poder adquisitivo y la competitividad productiva. Hoy, sostienen los críticos, la orientación cambió: se prioriza la contención del déficit por encima de medidas de protección social o segmentación de tarifas.

Impacto social y productivo

Los aumentos de tarifas afectan en forma directa a hogares vulnerables, a comercios de barrio y a pymes industriales que dependen de la energía como insumo. Los sectores productivos de Santa Fe señalan que un alza sostenida sin políticas de compensación puede agravar costos de producción y erosionar competitividad en una provincia con fuerte presencia agroindustrial e industrial.

Ante escenarios de recesión y caída del consumo, los críticos piden políticas complementarias: auditorías públicas de la estructura de costos de la EPE, planes de segmentación que protejan a los usuarios vulnerables, programas de eficiencia energética para pymes y medidas de alivio para sectores con alto consumo.

La dimensión política: votos en el Congreso

El segundo eje de la crítica apunta al comportamiento de los diputados nacionales santafesinos alineados con Pullaro. Según la nota de opinión, esos legisladores acompañaron sin excepciones las leyes principales del gobierno nacional —presupuesto, delegación de facultades, endeudamiento y recortes que afectan a las provincias—, lo que —a juicio del autor— consolidó la gobernabilidad del gobierno nacional y debilitó la defensa del federalismo y de intereses concretos de Santa Fe en la Cámara baja.

La discusión política se centra en que la representación legislativa implica también responsabilidad por el impacto de las políticas nacionales sobre las provincias. Para los críticos, la continuidad del respaldo parlamentario a iniciativas que recortan recursos a las jurisdicciones es incompatible con una posición influyente que reclame autonomía o compensaciones para Santa Fe.

¿Qué alternativas proponen los críticos?

• Auditorías públicas e independientes sobre la estructura tarifaria de la EPE.
• Segmentación social de tarifas para proteger a hogares vulnerables y pequeñas empresas.
• Políticas provinciales de eficiencia energética y fomento para reducir el costo por unidad producida.
• Mayor transparencia en la gestión de la EPE y control legislativo efectivo sobre sus decisiones económicas.

El debate no es únicamente técnico: es una discusión política sobre prioridades de gestión. Los que defienden las medidas argumentan la necesidad de equilibrar cuentas para garantizar la prestación continua del servicio; quienes las cuestionan insisten en priorizar medidas de compensación social y control público.

En todo caso, el eje central señalado por la nota de opinión es la combinación entre política tarifaria interna y alineamiento parlamentario con el gobierno nacional. Esa doble vía —sostiene el autor— explica por qué, lejos de ser un actor autónomo, el gobernador aparece como un seguidor de la agenda nacional.

Quién firma la opinión: un diputado santafesino del bloque “Hacemos Santa Fe”.

Fuentes: Perfil - Opinión