De los supermercados chinos a la causa ANDIS: la investigación contra Miguel Ángel Calvete

Acusado por dirigir presunto direccionamiento de contratos en ANDIS

Miguel Ángel Calvete, conocido por sus vínculos con los supermercados chinos y por haber sido concejal de Cambiemos en La Matanza, quedó detenido con prisión preventiva en una causa que investiga presuntas irregularidades y corrupción alrededor de contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El nombre del empresario aparece ligado a firmas proveedoras, maniobras financieras y una condena previa por explotación sexual que pesó en la instrucción judicial.

Qué se investiga

El juez Sebastián Casanello ordenó la prisión preventiva de Calvete y su traslado a tribunales custodiado por policías. En el expediente se lo investiga como supuesto jefe de una asociación ilícita que habría intervenido en el direccionamiento y la adjudicación de contratos para la compra de insumos y medicamentos destinados a personas con discapacidad. Fuentes judiciales consultadas por los medios señalan que la pesquisa incluye seguimientos de movimientos de dinero entre empresas proveedoras y terceros.

Antecedentes penales y decomisos

En 2019, el Tribunal Oral Criminal N°8 lo condenó a cuatro años de prisión, junto a su hermano Alejandro y a Ramiro Martin Rius, por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena. En ese fallo el tribunal ordenó además el decomiso de dos inmuebles que, según la sentencia, habían sido utilizados como lugares de explotación. La condena y las medidas patrimoniales aparecen ahora en la instrucción como antecedentes relevantes para entender la estructura empresarial y las relaciones de Calvete.

Empresas, fideicomisos y vínculos con ANDIS

El expediente y las notas periodísticas a las que tuvo acceso la investigación documentan una maraña de sociedades: INDECOMM S.R.L., Profusión S.A. y Profarma S.A., entre otras, que habrían operado en la provisión de insumos médicos y de alto costo. Según el fiscal de la causa, algunos de esos movimientos habrían implicado la transferencia de fondos que luego fueron girados a terceras firmas sin vínculo aparente con el rubro, lo que abre la hipótesis de maniobras para disimular el origen de los recursos.

En la causa también aparecen referencias a pagos gestionados por Calvete a favor de otras empresas y personas físicas: entre los movimientos que cita la investigación figura un giro por 5 millones de pesos que, según fuentes, Calvete habría canalizado a través de su actual mujer hacia el entonces funcionario de ANDIS para un viaje a Israel. Ese viaje, según la versión periodística que integró la instrucción, estaba relacionado con gestiones de cooperación internacional que nunca se concretaron.

Relaciones políticas y el llamado “Grupo Museo”

Investigadores y reportes citan la existencia de un grupo informal —mencionado en la causa como “Grupo Museo”— donde se habrían articulado contactos entre funcionarios y privados. En los chats y conversaciones incautadas figuran personajes como Daniel Garbellini (ex director de Acceso a los Servicios de Salud en ANDIS) y otros vinculos con droguerías y laboratorios. En esas comunicaciones, según consta en la instrucción, Calvete consultaba sobre pagos y coordinaba reuniones en bares y en su propia casa.

Dinero en efectivo y la defensa

La instrucción recoge el hallazgo en 2019 de 600000 dólares secuestrados en una propiedad vinculada a Calvete. El acusado reclamó la devolución alegando que esos fondos pertenecían a INDECOMM y que no tenían relación con ANDIS; el juez rechazó esa petición. En el expediente actual esa situación se utiliza como antecedente para cuestionar la disposición y el origen de fondos vinculados a las empresas investigadas.

Qué es ANDIS y por qué importa

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) es el organismo público encargado de coordinar prestaciones, políticas y compras vinculadas a personas con discapacidad. Por su rol central en la compra de insumos de alto costo, la agencia maneja partidas presupuestarias sensibles: cualquier irregularidad en la adjudicación de contratos puede afectar la disponibilidad de prestaciones para beneficiarios. Por eso la justicia y organismos de control suelen mirar con especial atención esas licitaciones y convenios.

Fuente: Clarín; periodo: 2015-2019

La causa continúa con medidas de prueba, declaraciones de imputados y peritajes contables que intentarán reconstruir el circuito de fondos y la relación entre empresas proveedoras y funcionarios. La investigación plantea preguntas sobre transparencia y controles en contratación pública, y sobre cómo las redes privadas pueden influir en la gestión de políticas públicas dirigidas a un sector especialmente vulnerable.

Las defensas de los imputados sostendrán, como ya lo hicieron en instancias previas, la existencia de actividades empresariales formales y negarán cualquier vínculo con maniobras ilegales. La instrucción deberá ahora determinar si los elementos reunidos bastan para llevar a juicio a Calvete y al resto de los involucrados.

Para el público y para los potenciales beneficiarios de la agencia, el proceso judicial tendrá impacto político y administrativo: de confirmarse irregularidades, podrían implicarse cambios en procedimientos de contratación y controles internos en ANDIS.

Fuente: Clarín