Demandantes en el juicio YPF piden declarar en desacato a la Argentina y aplicar sanciones financieras

Reclamo en la corte de Nueva York por acceso a comunicaciones digitales

En el juicio por la expropiación de YPF, los fondos Petersen y Eton Park, con financiamiento de Burford Capital, solicitaron a la Justicia de Nueva York que se declare a la Argentina en desacato y que se apliquen sanciones financieras, por lo que consideran maniobras dilatorias en la entrega de comunicaciones digitales de funcionarios y exfuncionarios.

Los demandantes argumentan que los intercambios digitales (mensajes y registros de dispositivos personales) son clave para probar que organismos como el Banco Central, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas funcionan como un “alter ego” del Estado, una teoría que, de acreditarse, facilitaría medidas de ejecución y eventuales embargos sobre activos vinculados al proceso.

Qué piden y por qué

En la presentación formal ante la jueza Loretta Preska, los accionistas beneficiarios del fallo reclamaron que la negativa o la entrega parcial de la información motive la declaración de desacato. Según los fondos, la información fue suministrada “a cuentagotas” y no permite reconstruir el circuito de decisiones entre el Gobierno y las entidades estatales implicadas.

La moción de los demandantes está prevista para presentarse el 15 de enero. La Argentina tiene fijado el 19 de febrero para responder, y la réplica final de los fondos quedó planteada para el 5 de marzo. Además, la jueza Preska pautó audiencias de seguimiento para el 10 y el 29 de enero.

Posturas en la causa

La Procuración del Tesoro sostiene que los dispositivos solicitados son de carácter personal y que su entrega depende de la voluntad de cada involucrado; por eso la defensa argentina se opone a una “audiencia probatoria indefinida” para acceder a material privado. En audiencias previas, la jueza ya advirtió que la negativa a producir la información podría derivar en sanciones económicas y procesales.

Entre los nombres mencionados en los pedidos figuran el ministro de Economía Luis Caputo y el secretario de Finanzas Pablo Quirno, que rechazaron facilitar sus comunicaciones personales. Otros funcionarios, como el exministro Sergio Massa, no habrían respondido aún al pedido formal de colaboración del Estado. En sentido contrario, cerca de la mitad de los requeridos aceptaron cooperar; entre ellos se mencionan el secretario de Hacienda Carlos Guberman, la secretaria de Energía María del Carmen Tettamanti y el exsecretario Eduardo Rodríguez Chirillo. Figuras de la gestión anterior como Eduardo “Wado” de Pedro, Agustín Rossi y Gabriel Rubinstein aparecen en la lista de quienes no habrían contestado los requerimientos.

Qué puede implicar una declaración de desacato

En términos procesales estadounidenses, que un tribunal declare a una parte en desacato (contempt) implica reconocer que esa parte desobedece una orden judicial o que obstruye el desarrollo del proceso. Las consecuencias pueden incluir multas, medidas coercitivas y, en algunos casos, mecanismos para ejecutar fallos sobre bienes sujetos a la jurisdicción del tribunal. Los demandantes ya anticiparon que, si persiste la falta de respuestas, irán por la ejecución de órdenes de sanción.

La petición llega en paralelo al tratamiento en la Corte de Apelaciones de Nueva York del recurso de fondo presentado por la Argentina contra la sentencia original que favoreció a los demandantes tras la expropiación de la petrolera hace años. Así, el conflicto procesal suma una capa adicional de presión: las disputas sobre prueba e incumplimiento pueden acelerar solicitudes de medidas ejecutorias mientras sigue la batalla sobre el fallo de fondo.

Quiénes impulsan la acción y qué representan

Los reclamos fueron iniciados por los fondos Petersen y Eton Park; la presentación señala que cuentan con financiamiento de Burford Capital, una firma que ofrece financiamiento para litigios y que habitualmente participa en demandas internacionales. La estrategia de los fondos apunta a demostrar vínculos operativos entre el Gobierno y empresas estatales que permitan ejecutar la sentencia a su favor.

Para la Argentina, la discusión sobre la entrega de comunicaciones personales abre un debate sobre protección de datos y límites de la entrega probatoria: la Procuración sostiene que existe un ámbito privado que no puede ser invadido de modo indiscriminado, mientras que los demandantes sostienen que esa información es indispensable para determinar la responsabilidad y acceder a remedios efectivos.

Fuentes: La Voz