Denuncia en EE. UU. por contratos de pesca en Chubut: una causa que pone en tensión al sector
La denuncia en Estados Unidos por presunto pedido de coima y el impacto sobre la pesca en Chubut
Una demanda presentada en un tribunal federal de California por la firma Red Chamber Argentina acusa irregularidades y menciona un presunto pedido de coimas por 65 millones de dólares vinculado a contratos de pesca en Chubut. La acusación se enmarca en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y generó un cruce entre la empresa, su competidora Profand y la gobernación provincial, que niega las imputaciones.
Qué reclama Red Chamber y cuál es la respuesta del gobierno
Red Chamber Argentina, filial de una compañía fundada en California y presente en la Patagonia desde 2015, presentó ante la justicia de EE. UU. una demanda civil contra Profand en la que se aluden presuntos delitos como soborno, extorsión y conspiración para interferir con contratos. Según el texto judicial, en el proceso se menciona la solicitud del uso de pagos privados no rastreables —"B-Money"— por un monto que aparece consignado como 65 millones de dólares.
El gobierno de Chubut desmintió cualquier comportamiento ilícito y negó participación de sus funcionarios en la maniobra. Además, tras la denuncia se produjeron idas y vueltas administrativas: Torres rescindió el contrato con Red Chamber, luego se llegó a un acuerdo de conciliación que habilitó a la empresa a retener activos y proyectar inversiones, y recientemente la provincia retiró de la Legislatura un proyecto vinculado a permisos de pesca que había generado rechazo en cámaras del sector.
Antecedentes y dimensiones económicas
La pesca es un pilar de la economía patagónica y, en particular, de Chubut: concentra una porción importante de las exportaciones del complejo pesquero nacional y emplea a miles de personas en puertos como Puerto Madryn y Rawson. Red Chamber explicó que operaba sobre los activos de la ex Alpesca —expropiada en 2014— y que durante una década invirtió en plantas, buques y empleo local. La rescisión del contrato, según la empresa, generó inseguridad jurídica y riesgo para la inversión extranjera.
La dimensión legal: FCPA y tribunales en EE. UU.
La denuncia en la Corte Federal de Los Ángeles se presentó bajo normas estadounidenses que obligan a empresas y filiales a no participar en sobornos para obtener o conservar contratos en el exterior. Las acusaciones, de confirmarse, pueden tener sanciones penales severas en EEUU. En la presentación se citan intercambios de correos electrónicos y comunicaciones internas como parte de la prueba.
Reacciones del sector y la provincia
Cámaras pesqueras locales y nacionales —como la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), la Cámara de Flota Amarilla de Chubut y otras— expresaron preocupación por la posibilidad de que se otorguen permisos por vías excepcionales y pidieron respetar mecanismos institucionales y técnicos para decisiones que afectan al sector. Ante ese reclamo, el gobierno provincial retiró el proyecto que ampliaba permisos, al menos de forma temporal.
Estado actual y riesgos
La causa en Estados Unidos sigue su curso y, al mismo tiempo, el acuerdo entre Red Chamber y la provincia fue comunicado como vigente y en proceso de homologación. A la espera de resoluciones judiciales y administrativas, el episodio alimenta debate sobre seguridad jurídica, control de recursos y gobernanza en un sector clave para las economías regionales.
Qué falta saber
No están disponibles públicamente todas las pruebas citadas en la demanda ni resoluciones definitivas sobre la rescisión del contrato ni sobre eventuales pagos. Tampoco hay una causa penal en la justicia argentina que involucre formalmente a funcionarios provinciales por este hecho; la disputa principal está radicada en cortes de EE. UU. entre empresas. La situación puede evolucionar con nuevas presentaciones judiciales o con la homologación del acuerdo entre la empresa y la provincia.
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