Denuncian a Agustín Calleri por filtrar operativo policial en recital de Pity Álvarez
Presentación fiscal y hechos denunciados
El fiscal general Sandro Abraldes presentó una denuncia penal contra Agustín Calleri, presidente de la Agencia Córdoba Deportes, por presunto incumplimiento de una orden judicial y por haber alertado al entorno del músico Cristian «Pity» Álvarez acerca de un operativo policial que se iba a realizar durante su recital en el Estadio Mario Alberto Kempes. Abraldes también denunció a la productora del show, Pop Art Music, por haber obstaculizado el trabajo de la Policía Federal.
El pedido de la fiscalía y las dificultades en el ingreso
Horas antes del recital, Abraldes había solicitado formalmente a Calleri que facilitara el ingreso de cuatro efectivos de la División Operaciones Técnicas Especiales de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes debían cumplir tareas de investigación en el marco del proceso judicial que involucra a Álvarez. Según la denuncia, la petición no fue atendida y el personal policial enfrentó serias dificultades para acceder al estadio, pese a gestiones telefónicas entre la fiscalía y la productora.
La filtración que agrava la denuncia
La denuncia cobra mayor gravedad por la afirmación del fiscal de que la existencia del operativo fue comunicada a allegados del músico. Abraldes sostiene que la intervención de la división técnica de la PFA era conocida únicamente por la fiscalía y las autoridades policiales, y que, por tanto, la difusión de esa información permitió a la defensa técnica de Álvarez realizar gestiones para intentar impedir o limitar las tareas policiales durante el show.
Acusaciones contra la productora
Además de la imputación por filtración, se denunció a Pop Art Music por obstrucción del accionar policial dentro del estadio, en particular por restringir la obtención de imágenes y por limitar el acceso de los efectivos que tenían una orden judicial. La denuncia fue presentada ante el fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, y también se elevó una actuación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
Marco judicial contra Pity Álvarez
Pity Álvarez está procesado en una causa por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. También se lo acusa por portación ilegítima de arma y por privación ilegítima de la libertad agravada en relación con ese episodio. El juicio oral a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°29 está suspendido actualmente, ya que la defensa logró que el músico fuera declarado provisoriamente inimputable y sometido a evaluaciones periódicas por una junta médica que revisa su situación psiquiátrica.
Detalles procesales y contexto
Según el procesamiento original, el juez Martín Yadarola consideró en su momento que la conducta que dio origen al homicidio no fue fruto exclusivamente de un estado de delirio persecutorio, y describió el episodio como una escalada que incluyó una confrontación que terminó con el ataque armado. La suspensión del debate actual responde a peritajes médicos que evalúan la imputabilidad de Álvarez y determinan si puede continuar el proceso en condiciones normales.
Reacciones y próximos pasos
El Ministerio Público impulsa ahora la investigación sobre la supuesta filtración y la conducta de las autoridades y la productora. Perfil intentó obtener la versión de Calleri, pero no había respuesta al cierre de la publicación original. De confirmarse la comunicación previa del operativo a allegados del músico, podrían configurarse responsabilidades administrativas y penales para el funcionario señalado y para quienes hayan colaborado en la divulgación o en la obstrucción del accionar policial.
La causa seguirá su curso mientras la fiscalía recaba pruebas, testimonios y mensajes que permitan determinar si efectivamente hubo incumplimiento de deberes, uso indebido de información oficial o entorpecimiento de una diligencia judicial. El episodio reaviva la tensión entre la necesidad de garantizar medidas de seguridad en eventos masivos y el respeto por el curso de las investigaciones penales.
Fuentes: Perfil