Denuncias por abusos sexuales en la Legislatura bonaerense y la presunta secta “La Orden de la Luz”

Resumen del caso y estado procesal

La Legislatura bonaerense quedó en el centro de una investigación judicial por abusos sexuales que, según el expediente, se habrían cometido en ámbitos vinculados al Senado y la militancia. La causa —investigada por la UFI N°2 de La Plata a cargo de la fiscal Betina Lacki— describe una dinámica de manipulación y sometimiento asociada a una estructura que los investigadores denominaron “La Orden de la Luz”.

Quiénes están imputados y qué se les acusa

Fuentes judiciales confirmaron que hay dos empleados detenidos: Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz. Ambos están imputados por delitos contra la integridad sexual. Según las actuaciones a las que accedió este medio, los hechos denunciados incluirían accesos carnales sin consentimiento, violencia psicológica, amenazas y control coercitivo sobre la vida personal de las víctimas.

Cómo habría funcionado “La Orden de la Luz”

El expediente reconstruye un patrón de captación y sometimiento que combinaba roles políticos y supuestas prácticas espirituales. De acuerdo con las fuentes, Rodríguez se presentaba como una suerte de líder espiritual con “poderes especiales”, mientras que Silva Muñoz actuaba como facilitadora o guía en el proceso de control sobre las denunciantes. El uso de promesas de crecimiento dentro de espacios de militancia y vínculos laborales aparece como un mecanismo recurrente para acercar y someter a las víctimas.

Período y extensión temporal de los hechos

Las imputaciones, según consta en el expediente, abarcan hechos que se remontan al menos a 2015 y se prolongarían hasta 2023. La fiscalía destaca la existencia de declaraciones coincidientes de distintas denunciantes, material documental y pruebas digitales incautadas en los allanamientos realizados.

Medidas adoptadas por la Justicia

Las detenciones de Rodríguez y Silva Muñoz se concretaron la noche del 29 de diciembre. Ambos se negaron a declarar en la indagatoria, amparándose en el derecho a no auto incriminarse, según confirmaron voceros judiciales. La fiscalía pidió y obtuvo órdenes de allanamiento y secuestro de material probatorio; el expediente tramita ante el Juzgado de Garantías N°4.

La defensa solicitó el traslado de los detenidos a una alcaldía departamental, alegando que los calabozos de la DDI donde estaban alojados no reunían condiciones adecuadas. Ese planteo quedó a resolución del fuero competente.

Pruebas y estrategia de la investigación

Según la fiscalía, la causa se apoya en testimonios sostenidos en el tiempo, documentos y registros digitales recientemente incorporados. El expediente reconstruye también intentos previos de denuncia por parte de víctimas y presuntas maniobras de hostigamiento para impedir que los hechos llegaran a la Justicia. Entre los elementos aportados figuran comunicaciones, registros de encuentros y otros soportes que los investigadores consideran relevantes para acreditar la dinámica de sometimiento.

Implicancias institucionales

El Ministerio Público calificó la causa como de gravedad institucional por la reiteración temporal de los hechos y por el presunto aprovechamiento de espacios políticos y laborales para la captación y el abuso. Cuando delitos sexuales se cometen en contextos de asimetría de poder —por ejemplo, promesas de ascenso o inclusión en círculos de militancia— la Justicia suele evaluar ese contexto como agravante en la tipificación y en la valoración probatoria.

Protección de las víctimas

Las identidades de las víctimas se mantienen bajo reserva conforme a las normas de protección y a la prudencia judicial. El expediente contiene declaraciones de las denunciantes y, según informaron fuentes del caso, la investigación presta atención a posibles maniobras de hostigamiento posteriores a las denuncias.

Qué puede esperarse en los próximos pasos procesales

Tras las indagatorias y los allanamientos, la causa seguirá con la incorporacif3n de pruebas periciales y el análisis de los materiales secuestrados. Las defensas podrán presentar medidas alternativas o planteos de nulidad; la fiscalía, por su parte, deberá acreditar la continuidad de la hipótesis penal en base a las pruebas reunidas.

Esta investigación plantea preguntas sobre controles en espacios de trabajo y militancia política y sobre mecanismos de detección temprana para prevenir el abuso cuando hay relaciones de poder. La causa continúa abierta y la fiscalía trabaja en reunir más pruebas para sostener las imputaciones.

Fuentes: El Día - nota original