Miércoles, 12 Noviembre 2025
Impostor judicial y maniobras de traslados policiales

Detuvieron a un expolicía que usó la identidad del presidente de la Cámara Federal

Un expolicía fue detenido en General Rodríguez acusado de suplantar la identidad del presidente de la Cámara Federal de Casación, gestionar traslados en la Policía de Corrientes y cobrar sumas de dinero por esas gestiones; en el allanamiento se secuestró un arma.
Operativo policial y allanamiento en General Rodríguez
Operativo policial y allanamiento en General Rodríguez

La Justicia federal detuvo a un exagente acusado de hacerse pasar por Daniel Petrone para gestionar traslados y cobrar por los trámites

Un expolicía federal fue detenido e indagado por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, acusado de hacerse pasar en al menos dos oportunidades por el presidente de la Cámara Federal de Casación, Daniel Petrone, para gestionar traslados internos en la policía y obtener pagos por esas supuestas gestiones. La causa fue iniciada tras una denuncia del propio camarista y avanzó con escuchas, pericias tecnológicas y un allanamiento en General Rodríguez.

Cómo comenzó la investigación

La fiscalía federal, a cargo de Franco Picardi, tuvo noticia del hecho después de que el juez Gustavo Fresneda —titular del Juzgado Federal de Paso de los Libres— recibiera llamadas y mensajes de un usuario que se hacía pasar por Petrone. El interlocutor alegaba contactos en la Corte Suprema y utilizaba una foto de perfil tomada de una nota periodística para dar apariencia de veracidad. Esa comunicación generó sospechas en Fresneda, que logró comunicarse con el verdadero Petrone y formalizó la denuncia ante la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina.

Intervenciones telefónicas y pruebas

Luego de intervenciones telefónicas, análisis forense y cruces de información, la fiscalía señaló que el imputado engañó a al menos dos efectivos para gestionar sus traslados de dependencia. En una de las conversaciones, el falso Petrone llegó a decir que “iba a cortar cabezas” al referirse a cambios en las subrogancias, expresiones que llamaron la atención por su tono y motivaron la profundización de la pesquisa.

La pesquisa determinó que el impostor había exigido pagos: cobró inicialmente 200.000 pesos por un pase y luego reclamó otros 400.000 por demoras; en otro caso, se registró una transferencia de 300.000 pesos vinculada a una gestión que finalmente no prosperó. Parte de esos fondos habría terminado en una cuenta bancaria a nombre de una mujer vinculada al imputado, mientras que otro tramo se quedó en poder del intermediario policial.

Allanamiento, detención y elementos secuestrados

Con herramientas de geolocalización y entrevistas a vecinos, la PFA identificó la zona desde donde se utilizaba el celular vinculado al impostor y allanó un domicilio en el Barrio Bicentenario de General Rodríguez. En el lugar se secuestró una pistola marca Bersa calibre .380 con cargador y ocho municiones punta hueca, sin la debida autorización. El acusado fue detenido, se negó a declarar en la indagatoria y pidió disculpas por los “inconvenientes ocasionados”, según informó la fiscalía.

Delitos investigados y contexto judicial

El imputado está sospechado de usurpación de identidad o usurpación de honores —al presentarse como un magistrado— y de delitos vinculados a las maniobras de cobro por los traslados. También fue indagado por la tenencia ilegal del arma secuestrada. La investigación cuenta con intervenciones de la División Delitos Tecnológicos y del Departamento Técnico del Cibercrimen de la PFA.

La Cámara Federal de Casación es el tribunal de alzada penal federal que revisa sentencias y decisiones en causas penales de carácter federal; su presidente es una figura de alto rango en la estructura judicial federal. La usurpación de la identidad de un magistrado constituye un agravante, ya que puede inducir a otros funcionarios a actuar en base a una falsa representación de autoridad.

Impacto y próximos pasos

La causa continuará con las pericias contables y el seguimiento de los movimientos bancarios para establecer el destino final de los fondos. La fiscalía buscará precisar si hubo una estructura de intermediación y quiénes participaron en la recepción o movimiento de dinero. El imputado quedó a disposición del juzgado y la causa avanza con pruebas que incluyen las escuchas, mensajes de WhatsApp y los elementos secuestrados en la vivienda.


Fuentes: La Voz