¿Dieron resultados los cambios laborales que ya aplicó Milei?

Balance a casi dos años: medidas, efectos y números clave
El debate sobre la reforma laboral y los cambios aplicados por el gobierno de Javier Milei ya impacta en la realidad cotidiana del empleo formal e informal. Desde 2023 se empezaron a instrumentar medidas como la extensión del período de prueba, la creación de un fondo de cese laboral, la eliminación de multas por empleo no registrado y la posibilidad de acuerdos salariales por empresa: algunas vigentes, otras delegadas a proyectos de ley. En la práctica, la mezcla de normas y decretos arrojó resultados dispares y, en varios casos, efectos contrarios a los objetivos anunciados.
Qué cambios se aplicaron y cómo funcionan
Entre las reformas que ya están en vigor o en vías de reglamentación figuran:
- La derogación de las multas por empleo no registrado introducida por la Ley Bases (vigente desde el 9 de julio), que eliminó sanciones específicas que antes gravaban a las empresas que mantenían trabajadores “en negro”.
- La extensión y luego reducción parcial del período de prueba para contratos por tiempo indeterminado: el DNU 70/23 lo llevó de 3 a 8 meses y la Ley Bases lo dejó en 6 meses.
- La creación de un fondo de cese laboral, pensado como alternativa al pago tradicional de indemnizaciones, basado en aportes mensuales de empleador y empleado.
- La apertura para que monotributistas o autónomos puedan incorporar hasta tres colaboradores sin que eso configure, automáticamente, relación de dependencia (art. 97 de la Ley Bases).
Efectos observados hasta ahora
Las medidas, según datos oficiales y fallos recientes, no suelen mostrar resultados favorables en sus objetivos declarados. Algunos puntos destacados:
- Mayor informalidad: los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestran una caída de los asalariados registrados desde 9.884.700 en noviembre de 2023 a 9.610.300 en agosto del año siguiente, una baja de 274400 puestos registrados. Al mismo tiempo, la proporción de trabajadores en negro creció: pasó del 41,4% de los ocupados en el cuarto trimestre de 2023 al 43,2% en el segundo trimestre del año en curso (EPH, INDEC).
- Incertidumbre sobre el costo de las indemnizaciones: la eliminación de multas no evitó que los tribunales reconozcan indemnizaciones por daños y perjuicios a trabajadores no registrados. Un fallo judicial que otorgó más de 22,8 millones de pesos a una trabajadora demuestra que la vía judicial puede compensar la sanción que antes aseguraban las multas administrativas.
- Aumento de la rotación laboral en sectores con contratos temporales: la ampliación del período de prueba incrementó la rotación en comercios y gastronomía. Como dijo el abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano, “para ampliar la capacidad de un teatro hay que agregar butacas, no ampliar las puertas; si se amplían las puertas, lo único que sucede es que la gente entra y sale más rápido”.
- Escasa adopción del fondo de cese: salvo la UOCRA, que ya cuenta con un mecanismo similar, casi ningún convenio colectivo adoptó la modalidad del fondo. Los empleadores manifiestan que no conviene cargar un 8% adicional al costo salarial en sectores sin alta rotación.
Fuente: SIPA (asalariados registrados) y INDEC - EPH (trabajadores en negro), periodo: Nov 2023 - Q2 2024
Lo que señalan empleadores y sindicatos
Desde el gobierno se defendió que las reformas buscan mayor flexibilidad para crear empleo y reducir litigiosidad. Sin embargo, la reacción de empresas y sindicatos fue mixta. Empresarios que enfrentan altos costos operativos y fiscales no adoptaron de forma masiva esquemas como el fondo de cese; varios señalaron que aumentar aportes no les resulta conveniente cuando no prevén despidos recurrentes.
Por el lado laboral, sindicatos advirtieron que algunas medidas amplían la precariedad y perjudican principalmente a jóvenes y a sectores con alta rotación. Los datos de la EPH confirman que la desocupación juvenil (14-29 años) subió: en mujeres pasó de 13,4% a 16,9% y en varones de 11,5% a 12,7% entre Q4 2023 y Q2 2024.
Decisiones judiciales y su efecto compensador
La eliminación de multas administrativas no cerró la vía judicial. Tribunales laborales vienen reconociendo indemnizaciones por daños y perjuicios —incluyendo falta de aportes y ausencia de obra social— que, en la práctica, funcionan como una restitución de las sanciones derogadas. Abogados laborales consultados por especialistas de KPMG Argentina señalaron que esa dinámica aumenta la imprevisibilidad del costo laboral para las empresas.
¿Reforma o adaptación? El debate político y técnico
En la arena política hay coincidencia en la necesidad de modernizar aspectos del régimen laboral, pero el diseño de la reforma define si los cambios reducen o profundizan la precariedad. Propuestas como las de la diputada Romina Diez —que retoman artículos del DNU 70/23— cuentan con avales dentro del oficialismo, pero también enfrentan resistencia sindical y judicial.
Especialistas advierten que las reformas no crean empleo por sí mismas: orientan la calidad de los puestos que crea una economía. En un contexto de contracción económica, caída de la actividad y aumento de inflación, es difícil que una reforma laboral, por más favorable o restrictiva que sea para el empleador, revierta por sí sola la pérdida de empleo formal.
Conclusión
Las medidas aplicadas hasta ahora muestran que la combinación de cambios legales, decisiones judiciales y la situación macroeconómica determinó resultados mixtos: mayor informalidad, incertidumbre sobre el costo real de las indemnizaciones y poca adopción de mecanismos alternativos como el fondo de cese. Si el objetivo declarado del gobierno era bajar la litigiosidad y aumentar el empleo formal, los datos disponibles no muestran aún ese resultado.
Fuentes: El Economista; SIPA (Secretaría de Trabajo); INDEC - EPH.
