Discapacidad: organizaciones denuncian falta de ley y aranceles desactualizados

CAIDIS alerta por una “gravedad extrema” en el sistema de discapacidad

El Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS) describió un panorama crítico: instituciones, transportistas y profesionales del sector enfrentan una situación límite por la falta de actualización de aranceles regulados por el Estado y por la ausencia de una ley integral que atienda la problemática. Según el organismo, la combinación de costos crecientes y tarifas que no se ajustan coloca a muchos prestadores al borde del cierre y deja a las personas con discapacidad sin respuestas adecuadas.

El reclamo central: actualización de aranceles

CAIDIS señaló que los aranceles que el Estado reconoce para prestaciones, transporte adaptado y terapias no se actualizaron en línea con la inflación ni con los costos operativos. Esa desactualización repercute en la capacidad de las instituciones para mantener servicios, comprar insumos y pagar salarios al personal especializado. Como consecuencia, denunciaron demoras en las prestaciones y riesgo de reducción de la oferta para quienes más lo necesitan.

Situación en las instituciones y el transporte

Las organizaciones del sector relatan que los transportistas que hacen recorridos adaptados afrontan costos de combustible, mantenimiento y seguros que no están cubiertos por las tarifas vigentes. A su vez, centros de rehabilitación y profesionales independientes enfrentan dificultades para sostener planteles y equipos. CAIDIS calificó el estado del sistema como de “gravedad extrema” y reclamó medidas urgentes por parte del Gobierno nacional y las jurisdicciones provinciales.

Falta de una ley marco

Aunque la Argentina cuenta con normativa que reconoce derechos de las personas con discapacidad, las organizaciones reclaman una ley marco actualizada que integre la prestación de servicios, financiamiento sostenible y mecanismos de fiscalización. Según el representante de CAIDIS, la ausencia de una norma integral dificulta la coordinación entre niveles de gobierno y deja vacíos en la cobertura efectiva, sobre todo en zonas con menor densidad poblacional.

Impacto para las familias

Las familias de personas con discapacidad enfrentan dos problemas simultáneos: la limitación en el acceso a servicios y el aumento de costos si deben contratar alternativas privadas. En muchos casos, el recrudecimiento de la situación empuja a familiares a dedicar más tiempo al cuidado, con impacto en su inserción laboral y su economía doméstica. CAIDIS pidió atención sobre el efecto social de las demoras y recortes en prestaciones.

Qué piden las organizaciones

• Actualización inmediata de aranceles conforme a índices de costos reales.
• Implementación de una ley marco que garantice financiamiento estable y mecanismos de control.
• Programas de apoyo para transportistas y pequeños prestadores que preserven la continuidad del servicio.
• Mayor coordinación entre Nación, provincias y municipios para asegurar cobertura territorial.

Contexto institucional

El sistema de atención a la discapacidad en Argentina combina cobertura pública (a través de organismos nacionales y provinciales), obras sociales y prestadores privados. La regulación de aranceles y prestaciones suele implicar acuerdos entre distintos actores: ministerios de salud y desarrollo social, agencias de seguridad social y autoridades provinciales. La falta de una actualización sincronizada genera asimetrías y vacíos en la prestación efectiva.

Pasos que quedan por dar

CAIDIS reclama una mesa de diálogo urgente con funcionarios nacionales y representantes de provincias para diseñar un cronograma de actualización de aranceles y avanzar en el proyecto de ley marco. También solicitaron medidas paliativas mientras se negocia la normativa —como subsidios temporales o líneas de apoyo a transportistas— para evitar el corte de servicios esenciales.

Fuentes: Página/12