Dólares del colchón: cómo quedó la letra chica del 'Principio de Inocencia Fiscal' que llegará al Congreso

El Gobierno oficializó el texto y el Congreso lo debatirá en sesiones extraordinarias

El Ejecutivo presentó la letra chica del proyecto denominado "Principio de Inocencia Fiscal", que plantea incentivos para que los argentinos vuelquen ahorros no declarados a la economía y modifica el Régimen Penal Tributario. El texto fue difundido junto al Decreto 865/2025 que convoca a sesiones extraordinarias del Congreso desde el 10 hasta el 30 de diciembre; además, en el temario figuran el Presupuesto 2026 y la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

La iniciativa, coordinada entre el Ministerio de Economía, el Banco Central (BCRA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), propone cambios amplios: actualización de umbrales para delitos tributarios, mecanismos que evitan la denuncia penal si se cancelan obligaciones, reformas en montos de multas de la Ley 11.683 y la creación de regímenes simplificados de declaración jurada, entre otros puntos relevantes.

Principales cambios al Régimen Penal Tributario

En el "Título I" del proyecto se actualizan los umbrales monetarios que determinan la tipificación penal en la Ley 27.430. El artículo 11 introduce una modificación al artículo 16 del Régimen Penal Tributario: establece que la Administración Tributaria no formulará denuncia penal cuando el importe de las obligaciones evadidas y sus intereses sean cancelados en forma incondicional y total antes de la formulación de la denuncia. Para casos en los que la acción penal ya se hubiera iniciado, el proyecto prevé la extinción de la acción si se aceptan y cancelan las obligaciones y sus intereses, más un importe adicional equivalente al 50% de la suma total, dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación fehaciente de la imputación penal.

El texto también enumera nuevos supuestos en los que el fisco se abstendrá de denunciar penalmente, buscando ampliar las vías de regularización administrativa por sobre la vía penal para ciertos incumplimientos tributarios.

Actualización de multas y prescripciones

En el "Título II" se proponen reformas a la Ley 11.683. Entre los artículos 15 y 29 se actualizan los montos de las multas: un ejemplo que destaca el proyecto es la sustitución de la expresión "pesos diez millones ($ 10.000.000)" por "pesos diez mil millones ($10.000.000.000)" en un inciso específico. Ese cambio ilustra la magnitud de la adaptación de sanciones monetarias que propone la iniciativa.

El artículo 30 y los siguientes revisan los plazos de prescripción de acciones y facultades del organismo recaudador. En particular, el proyecto contempla reducciones del plazo de prescripción para determinados casos cuando el contribuyente hubiera presentado la declaración jurada en término o exteriorizado su obligación mediante liquidaciones y hubiera regularizado saldos, siempre que la entidad recaudadora no detecte una discrepancia significativa entre la información declarada y la disponible en sus sistemas o proveniente de terceros.

Régimen de Declaración Jurada Simplificada y efecto liberatorio

El "Capítulo III" propone la creación de un Régimen de Declaración Jurada Simplificada para personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que cumplan requisitos de ingresos y patrimonio definidos por ARCA. Esta modalidad permitiría, una vez aceptada la declaración propuesta y efectivizado el pago en término, obtener un efecto liberatorio respecto del Impuesto a las Ganancias para el período fiscal declarado, salvo que posteriormente se detecte omisión de ingresos, deducciones improcedentes o facturas apócrifas.

El artículo 39 subraya que la aceptación de la declaración y el pago pondrían fin a la obligación respecto del período, con las salvedades citadas. En la práctica, esto implicaría que muchos contribuyentes podrían regularizar situaciones con menor riesgo de derivaciones penales, siempre que la verificación administrativa no detecte irregularidades graves.

Presunción de exactitud y límites

El artículo 40 introduce la figura de la "presunción de exactitud": las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y del IVA se presumirán exactas para los períodos no prescriptos, salvo que ARCA impugne la declaración simplificada correspondiente al último período fiscal declarado por detectar una discrepancia significativa. El proyecto define condiciones que habilitarían la consideración de una discrepancia significativa (detalle completo del listado de condiciones no consignado íntegramente en la presentación pública consultada).

Implicancias políticas y reclamos

El Gobierno despliega el proyecto en un contexto de convocatoria a sesiones extraordinarias que favorecerán un debate legislativo acelerado. Para el oficialismo, la iniciativa funciona como un instrumento de regularización que puede movilizar recursos sin recurrir a medidas coercitivas; para sectores de la oposición y algunos expertos en derecho tributario, las modificaciones al régimen penal tributario y la ampliación de supuestos de no denuncia podrían reducir la presión sancionatoria sobre grandes incumplimientos, dependiendo de cómo se fijen los umbrales y controles operativos.

Además de la discusión técnica —umbrales, prescripciones, facultades de ARCA— hay un debate político sobre equidad y señales institucionales: liberalizar vías de regularización fiscal puede incentivar la repatriación de activos, pero al mismo tiempo plantea preguntas sobre la proporcionalidad de sanciones y la consistencia con la política de control fiscal a futuro.

Un ejemplo numérico

Fuente: Proyecto "Principio de Inocencia Fiscal", periodo: 2025

Qué queda por definirse

Quedan pendientes detalles operativos y definiciones legislativas: la precisión de los umbrales que determinan delitos, la lista completa de causas que habilitan la no denuncia penal, el régimen de verificación de ARCA y los mecanismos de control para evitar fraudes o aprovechamientos indebidos de la regularización. Además, la redacción final de los artículos y los eventuales dictámenes en comisiones serán determinantes para el alcance real de la reforma.

Fuente: El Cronista