El 43% de las jubilaciones se otorgó a través de regímenes especiales: cuál es su impacto en el gasto público

Resumen del informe y cifras clave

Un relevamiento de CIPPEC muestra que los regímenes especiales concentran 43% de las jubilaciones y tienen un efecto destacado sobre el gasto público: cubren 4,2 millones de beneficiarios, representan 5,2% del PBI y explican 59,1% del gasto previsional. El informe, que analiza coberturas y ejecuciones de 2024, sostiene que esos esquemas pagan haberes en promedio 93% superiores a los del régimen general.

Qué son y por qué importan

Los regímenes especiales son sistemas previsionales que existen al margen del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Funcionan por normativa propia: algunos permiten jubilaciones anticipadas por tareas consideradas insalubres, otros otorgan beneficios por mérito (magistrados, investigadores, docentes universitarios), hay esquemas para fuerzas armadas y seguridad, cajas provinciales y cajas profesionales. La acumulación de numerosos regímenes genera costos fiscales altos, inequidades entre trabajadores con trayectorias similares y menor transparencia en el sistema.

Clasificación y alcance

El trabajo de CIPPEC agrupa los sistemas en cinco grandes categorías:

• Regímenes diferenciales por tarea (mineros, estibadores, personal embarcado, recolectores de residuos, ferroviarios, etc.).
• Regímenes por mérito o función pública (magistrados, investigadores, docentes universitarios, ciertos empleados de empresas públicas).
• Sistemas de Fuerzas Armadas y de seguridad, con retiro anticipado y condiciones especiales.
• Cajas provinciales y cajas profesionales, que suelen ofrecer prestaciones más generosas y enfrentan déficits crónicos.
• Pensiones no contributivas por necesidad o mérito (discapacidad, madres con siete hijos, excombatientes, medallistas, expresidentes).

Impacto fiscal y ejemplos

Según el informe “El costo de la excepción: una revisión de los regímenes previsionales en Argentina”, elaborado por Rafael Rofman (investigador de Protección Social de CIPPEC), los regímenes especiales consumen recursos equivalentes a 5,2% del PBI y explican 59,1% del gasto previsional. Hay aproximadamente 4,2 millones de beneficiarios bajo regímenes de excepción; eso es 43% del total.

Fuente: CIPPEC / Infobae, periodo: datos ejecutados 2024

Desigualdades y críticas

El informe cuestiona la justificación y la extensión de muchas excepciones. Rofman señala que en numerosos casos la ampliación de beneficios respondió más a presiones políticas e inercia legal que a evidencia técnica sobre daño laboral. Como ejemplo, los haberes de algunos regímenes especiales pueden ser de 7 a 10 veces los del sistema general; entre 2010 y 2025, esos regímenes crecieron 118% frente a 31% del régimen general.

Obstáculos para reformar

Eliminar o homogeneizar estos regímenes enfrenta obstáculos políticos y técnicos: derechos adquiridos, grupos de interés que se benefician directamente y la complejidad de concordar normas entre Nación y provincias. Rofman propone una eliminación progresiva y una mayor focalización en casos individuales (por ejemplo, utilizando jubilaciones por invalidez cuando corresponda) en lugar de generalizar excepciones por actividad.

Contexto político y fiscal

El debate sobre la reforma previsional reaparecerá dentro de la agenda oficial una vez que avance la reforma laboral. En el inicio del tratamiento del proyecto laboral en el Senado se discutió el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiaría con una reducción de 3 puntos de la contribución patronal destinada al SIPA. Sectores de la oposición y sindicatos advierten que esa medida podría debilitar las cuentas de ANSES; desde la Casa Rosada sostienen que mayor empleo registrado compensará parte del impacto.

Posibles efectos y prioridades

La discusión sobre regímenes especiales atraviesa tres dimensiones: equidad entre trabajadores, sostenibilidad del gasto público y legitimidad del sistema previsional. El informe sugiere priorizar transparencia, criterios técnicos para definir excepciones y una estrategia gradual que respete derechos adquiridos pero reduzca distorsiones en el tiempo.

Fuentes: Infobae / CIPPEC