Martes, 30 Diciembre 2025
Apelación del Ejecutivo al fallo sobre el protocolo antipiquetes

El Gobierno apelará el fallo que declaró nulo el protocolo antipiquetes, anunció Monteoliva

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció que el Gobierno apelará la decisión judicial que declaró nulo el protocolo antipiquetes. Monteoliva defendió el instrumento como una herramienta técnica y operativa para garantizar el orden y anticipó que no darán “ni un paso atrás”. La apelación abre una etapa de disputa judicial y política sobre la regulación de las protestas y el manejo del espacio público.
Protesta con corte de calle y efectivos de seguridad
Protesta con corte de calle y efectivos de seguridad

Qué dijo la ministra y qué implica la apelación

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anticipó en su cuenta de X que el Gobierno apelará la decisión judicial que declaró nulo el denominado protocolo antipiquetes impulsado por su antecesora. Monteoliva defendió la medida como una herramienta con “fundamentos técnicos, jurídicos y operativos” y sostuvo que la apelación será presentada para sostener su vigencia.

Las declaraciones públicas

En sus mensajes en redes la ministra afirmó: “Sin protocolo no hay orden, hay caos. Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”. Añadió: “No vamos a dar un paso atrás, la vamos a apelar”. En otra publicación señaló que el protocolo “fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos”.

Monteoliva también vinculó la nulidad del fallo con una supuesta parcialidad del magistrado que lo dictó y consideró que quienes celebran la resolución “viven del caos, la extorsión y la desestabilización”. En ese marco, ratificó que el Ministerio de Seguridad interpondrá los recursos judiciales necesarios.

Qué es el protocolo antipiquetes y por qué generó controversia

El protocolo antipiquetes es un conjunto de directrices operativas que orienta a las fuerzas de seguridad en la intervención frente a cortes de calles, piquetes y protestas que afecten la libre circulación. Fue impulsado por la gestión anterior con el argumento de restablecer el tránsito y evitar interrupciones laborales y comerciales.

Su aplicación siempre generó tensiones entre el enfoque del orden público y las garantías constitucionales sobre la protesta. Organizaciones sociales, sectores de la oposición y algunos juristas cuestionaron partes de la norma por su alcance y por eventuales riesgos para el derecho a la manifestación pacífica; en cambio, sus defensores sostienen que se trató de una herramienta para proteger a quienes necesitan circular y trabajar.

El fallo judicial y la respuesta del Ejecutivo

Un juez declaró nulo el protocolo, lo que motivó la reacción inmediata de la ministra. En su defensa, Monteoliva afirmó que el instrumento había sido previamente validado por “decenas de jueces”, aunque la decisión reciente anuló su vigencia. El gobierno anunció que recurrirá la sentencia ante instancias superiores, lo que mantiene la discusión en la esfera judicial mientras se define el alcance de la medida en la práctica.

Posibles efectos sobre el orden público y las protestas

Si la nulidad se mantiene en instancias superiores, las fuerzas de seguridad deberán ajustar protocolos operativos a marcos normativos alternativos y a las directrices vigentes en materia de derechos humanos. Si la apelación prospera y la nulidad queda sin efecto, el gobierno recuperaría la posibilidad de aplicar las pautas del protocolo en operaciones de gestión de calle.

En la práctica, la disputa judicial puede generar incertidumbre operacional: fuerzas de seguridad, organismos de control y organizaciones sociales tendrán que adaptarse a lo que determinen las instancias superiores y a las eventuales instrucciones transitorias que disponga el Ministerio de Seguridad.

Contexto político

El tema se inscribe en un contexto político polarizado donde las medidas de seguridad y orden público suelen convertirse en ejes de confrontación entre espacios políticos y actores sociales. La defensa pública del protocolo por parte de la ministra y la voluntad de apelar muestran que el Ejecutivo busca sostener la política como parte de su agenda de seguridad.

Qué sigue

El siguiente paso procesal será la presentación del recurso de apelación ante la instancia correspondiente. El resultado judicial definirá si el protocolo queda temporalmente sin vigencia, si se restituye su aplicación o si se producen modificaciones en su redacción. Mientras tanto, el Gobierno y organizaciones civiles seguirán con las negociaciones políticas y legales en torno a la regulación de las protestas y la gestión del espacio público.


Fuente: El Día: El Gobierno apelará el fallo que declaró nulo el protocolo antipiquetes