El Gobierno busca diálogo con damnificados por $LIBRA para desactivar denuncias contra Milei
Las negociaciones por el criptoactivo $LIBRA, la intervención de un abogado cercano a Karina Milei y el interés oficial por evitar que las querellas involucren al presidente Javier Milei abrieron un canal de diálogo entre el oficialismo y damnificados.
Según reconstrucciones periodísticas, Santiago Viola —apoderado de La Libertad Avanza y persona de confianza del entorno de Karina Milei— inició conversaciones con representantes de inversores perjudicados por la operatoria de $LIBRA. El objetivo que trasladan fuentes del Gobierno es alcanzar un arreglo económico que permita cerrar causas y despegar al Presidente de acusaciones penales vinculadas a la promoción del criptoactivo.
En la negociación aparecen nombres y roles: la operación central incluyó al estadounidense Hayden Davis y a lobistas locales como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy; también intervinieron abogados de las partes y, según el relato, el vicepresidente del Banco Nación Darío Wasserman habría acercado contactos, un dato que el funcionario negó públicamente.
El historial demuestra intentos anteriores de resolver el conflicto. Tras la apertura de la causa penal hubo propuestas de reparación —una cifra mencionada en la investigación periodística llegó a los USD 100 millones— pero se toparon con dificultades de jurisdicción y de quién debía asumir formalmente el pago. En mayo se desarrolló una mediación civil con representantes de más de 30 inversores, sin resultado. En junio hubo un nuevo intento de diálogo que tampoco prosperó.
Entre las condiciones informales que trascendieron figura la exigencia del oficialismo para que las querellas retiren las acusaciones contra el Presidente y dirijan sus reclamos hacia los responsables de la operatoria, según fuentes citadas. Además, desde el entorno de Viola habrían pedido excluir al abogado Fernando Burlando de cualquier negociación, por razones políticas internas, y ese punto generó idas y vueltas.
Organizaciones como Inecip y Cipce impulsaron las denuncias al considerar que la memecoin $LIBRA configuró «un caso excepcional de corrupción», por la promoción pública de un emprendimiento privado con alcance internacional. La causa aún tiene varios frentes abiertos: la determinación de responsabilidades penales, la posible reparación económica a los damnificados y la decisión de los querellantes sobre aceptar o no un eventual arreglo.
Si prosperara un acuerdo, los desafíos legales y procesales persisten: definir la jurisdicción para el pago, identificar quién asumiría la responsabilidad formal por el resarcimiento y resolver la oposición de algunos damnificados que no se presentaron ante la Justicia en instancias previas. En términos políticos, el oficialismo busca con urgencia evitar el desgaste que implicaría que el Presidente siga vinculado a la causa.
Las negociaciones continúan en ámbitos informales y con múltiples actores. Por ahora no se confirmó un acuerdo y las partes mantienen posiciones encontradas sobre condiciones y actores incluidos en cualquier salida negociada.
Fuente: El Intransigente