El Gobierno creó la Autoridad Nacional de la Competencia y eliminó la alícuota para aceites lubricantes

Nuevas designaciones y una medida tributaria en el Boletín Oficial

Mediante el Decreto 810/2025, el Gobierno designó a los cinco integrantes de la nueva Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), organismo descentralizado y autárquico del Poder Ejecutivo encargado de aplicar la Ley de Defensa de la Competencia. En simultáneo, el Decreto 811/2025 eliminó la alícuota del derecho de exportación para aceites y lubricantes para motores.

Las designaciones en la ANC fueron el resultado de un concurso público de antecedentes y oposición, con la intervención de la Oficina Anticorrupción para evaluar incompatibilidades. Los nombramientos previstos por el decreto son: Eduardo Montamat como Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia; Lucas Trevisani Vespa y Marcelo D´Amore como vocales del Tribunal; Germán Zamorano como Secretario de Concentraciones Económicas; y Ana Parente como Secretaria Instructora de Conductas Anticompetitivas.

La nueva autoridad tendrá facultades para examinar fusiones y adquisiciones, intervenir en casos de abuso de posición dominante y promover la competencia en distintos mercados. La creación de un organismo con independencia operativa busca centralizar y reforzar la capacidad de control frente a prácticas anticompetitivas, aunque su eficacia dependerá de recursos, normas internas y coordinación con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y otros entes regulatorios.

En los últimos años, autoridades nacionales intervinieron en casos de complejidad significativa: la solicitud de análisis sobre la adquisición del Grupo Telefónica por parte de Telecom —anunciada en febrero— y una investigación en 2024 sobre empresas de medicina prepaga por supuestas coordinaciones en aumentos de cuotas son ejemplos que muestran demanda de supervisión en sectores sensibles. La ANC tendrá entre sus tareas evaluar estas operaciones y emitir recomendaciones o sanciones según corresponda.

Por su parte, el Decreto 811/2025 eliminó la alícuota del derecho de exportación que gravaba a aceites de petróleo y lubricantes para motores, una medida que afecta a preparaciones que contengan más de 70% de estos aceites como base, pero que excluye preparaciones con biodiesel y desechos de aceites. La alícuota previa era del 8% y su eliminación se enmarca en la política de reducción de retenciones para productos industriales con valor agregado, que ya había incluido medidas previas como el Decreto 305/2025, beneficiando a más de 3.500 empresas exportadoras.

El Gobierno argumenta que la quita de esta alícuota busca evitar distorsiones en los precios de exportación y mejorar la competitividad de sectores industriales exportadores. Para empresas que compiten en mercados internacionales, la reducción de costos tributarios puede traducirse en mayor volumen de ventas externas o en mayor margen operativo, aunque el impacto final dependerá también de factores logísticos, tipo de cambio y demanda internacional.

Desde la mirada regulatoria, la creación de una autoridad especializada en competencia puede acelerar y profesionalizar el análisis de operaciones económicas complejas. No obstante, su efectividad estará condicionada por la articulación con organismos provinciales y con el entramado institucional existente: la minería, las telecomunicaciones, la salud privada y otros sectores que requieren vigilancia competitiva operan bajo marcos regulatorios mixtos y, en muchos casos, con jurisdicción compartida.

El decreto que constituyó la ANC y las designaciones públicas están disponibles en el Boletín Oficial; allí también se detallan las atribuciones formales del organismo y los cargos nombrados. En tanto, la eliminación de la alícuota para aceites y lubricantes completa un paquete de medidas que, según el Ejecutivo, busca impulsar exportaciones industriales y reducir cargas que afecten a la exportación de productos con valor agregado.

Qué falta saber: el texto del decreto especifica los nombres de los designados y las competencias generales, pero quedan por conocerse instrumentos de implementación clave, como el presupuesto inicial asignado, el régimen de recursos humanos, la estructura orgánica definitiva y los protocolos para la coordinación interjurisdiccional con provincias y otras entidades reguladoras. También será relevante observar cómo se evalúa el impacto de la quita de la alícuota en los flujos de exportación y en los precios internacionales de los productos afectados.

Fuente: Perfil