El Gobierno impulsa cambios en la legislación del trabajo rural tras la reforma

Un proyecto específico para el sector agrario

Tras la aprobación de la reforma laboral nacional, el oficialismo anunció que buscará avanzar con una ley específica para el trabajo rural. Joaquín Benegas Lynch, senador por Entre Ríos y miembro de la comisión de Trabajo, adelantó que la iniciativa buscará adaptar la normativa a las particularidades del sector agropecuario y a las distintas realidades provinciales.

Quién es Joaquín Benegas Lynch y qué propone

Benegas Lynch es senador nacional electo luego de las elecciones de octubre; en su trayectoria figura la vinculación personal con el presidente Javier Milei —forma parte del grupo conocido como “La Banda Presidencial”— y antecedentes como empresario pyme y emprendedor agrícola. El legislador señaló que la nueva ley de trabajo agrario pretende “hacer algo más puntual en la reforma”, apuntando a flexibilizar modalidades de contratación y a ajustar reglas que hoy exceden, en su opinión, a productores y empresas del interior.

Objetivos oficiales: mayor formalidad y menor carga para pymes

Según Benegas Lynch, la reforma busca incorporar al sistema a trabajadores que hoy están en la informalidad y reducir costos que, dice, dificultan la contratación formal en muchas localidades. El senador sostuvo que la modernización permitirá adecuar convenios a la diversidad regional —y que un acuerdo nacional no obligue a una pyme pequeña a cumplir condiciones diseñadas para grandes empresas—. Para el oficialismo, incorporar empleo informal al régimen formal también contribuiría a mejorar la relación aportes-jubilaciones en el largo plazo.

Diálogo con cámaras y actores del sector

El senador señaló que ya se iniciaron reuniones con actores vinculados: cámaras de medianas empresas, federaciones de exportadores citrícolas y otros interesados del sector. Benegas Lynch dijo que esas conversaciones fueron fructíferas y que parte de las observaciones ya se incorporaron al texto que se tramita en comisión.

Plazos y debates en el Senado

La discusión más amplia sobre la reforma laboral está prevista para febrero, con el tratamiento en el recinto programado para el 10 de febrero según el calendario mencionado por el senador. El avance de una ley específica para el trabajo rural dependerá en buena medida de la sanción o no de la reforma nacional y de las negociaciones parlamentarias que permitan conseguir los apoyos necesarios en la cámara alta.

Contexto político: mayorías y veto de reacciones

Benegas Lynch destacó el respaldo electoral al proyecto presidencial como un elemento que facilita el avance legislativo y remarcó la capacidad del oficialismo para tender puentes con fuerzas aliadas, incluído el PRO, la UCR y bancadas provinciales. El senador también aludió a la posibilidad de alcanzar apoyos cercanos a los dos tercios del Senado —48 votos—, un umbral político relevante para cuestiones institucionales como nombramientos en la Corte. Sin embargo, aseguró que lograr ese número depende de la voluntad de cada legislador y que no puede darse por hecho.

Críticas y tensiones sindicales

En el diálogo público, Benegas Lynch cargó contra dirigentes sindicales señalándolos como parte del problema de la informalidad. Esa lectura será uno de los puntos de conflicto en el debate: los sindicatos suelen advertir que flexibilizaciones extensas sin garantías pueden afectar derechos laborales y condiciones de trabajo. El Ejecutivo y los impulsores de la reforma sostienen que la norma reducirá la informalidad y abrirá oportunidades de incorporación al sistema de seguridad social.

Qué se juega el sector rural

El trabajo agrario tiene características propias: estacionalidad, uso intensivo de contrataciones temporales en cosecha, y una fuerte dispersión territorial. Una ley específica intentará equilibrar esas particularidades sin sacrificar estándares básicos de protección social. Desde el punto de vista productivo, los actores esperan reglas más adaptadas que reduzcan costos y complejidades administrativas; desde el punto de vista laboral y sindical, la discusión girará en torno a garantías mínimas y control del empleo en negro.

Fuente: Infobae