El oro del Banco Central reaparece en el juicio por YPF y Burford aumenta la presión
Discovery, reservas y tensión política: la disputa legal detrás del caso YPF
La disputa judicial por la expropiación de YPF volvió a poner en el centro la ubicación y destino del oro del Banco Central: el fondo Burford Capital busca información mediante mecanismos de discovery en Estados Unidos para acelerar el cobro de una sentencia millonaria, mientras el Gobierno argentino resiste revelar datos que considera estratégicos.
Qué pide la corte y por qué importa el oro
La jueza Loretta Preska solicitó detalles sobre la localización del oro y otros activos, así como documentación sobre movimientos financieros y operaciones internacionales del Estado. La exigencia llega en el marco de una sentencia que obliga a Argentina a pagar más de USD 18.000 millones por la expropiación de YPF, aunque la apelación principal por parte del país sigue en trámite.
La estrategia de Burford y el mecanismo del discovery
Burford intenta utilizar el discovery —herramienta prevista en la legislación estadounidense— para obtener correos, documentos y datos patrimoniales que le permitan identificar bienes embargables. Entre los pedidos figuran emails de exministros, movimientos con ciertos bancos y la trazabilidad de envíos de oro realizados por el Banco Central en los últimos años.
Reservas de oro y cifras
Según información disponible, una porción del oro del Banco Central fue trasladada al exterior para su certificación a fines de 2023, mientras otra parte permaneció en bóvedas locales. Actualmente esas reservas están valuadas en torno a USD 4.900 millones, una cifra que convierte al activo en un punto sensible dentro del litigio.
Riesgos legales y políticos
El Gobierno advierte que revelar detalles sobre la ubicación del oro y operaciones estratégicas puede constituir un riesgo político y operativo. Desde la administración sostienen que proporcionar esa información a un tribunal extranjero y, por extensión, a actores no estatales podría afectar la negociación del país en otros litigios y exponer datos estratégicos sin contrapartida institucional.
Posibles sanciones y desacato
La magistrada dejó abierta la posibilidad de imponer sanciones por desacato si los funcionarios convocados no responden con la precisión requerida. El Ejecutivo considera esa posibilidad “totalmente injustificada” y busca delinear una estrategia de defensa que proteja información considerada sensible, al tiempo que cumple con los plazos procesales.
Impacto en los mercados y en la agenda pública
El avance del discovery tuvo efectos visibles: la propia Burford vio caer más del 20% de su valor en los mercados desde la audiencia de apelación, según fuentes citadas en los informes. En la arena doméstica, la disputa alimenta el debate político: el intercambio de información con un tribunal estadounidense en plena apelación podría generar tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso sobre transparencia y soberanía.
Qué sigue en la causa
El cronograma de la corte prevé plazos para que Argentina responda requerimientos y para que comiencen las declaraciones de testigos. La Procuración del Tesoro deberá designar a los funcionarios que comparezcan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York y decidir qué información puede ser aportada sin comprometer seguridad o intereses estratégicos.
Contexto histórico
El litigio por la expropiación de YPF se arrastra desde hace más de una década y representa uno de los juicios más onerosos contra el Estado argentino. La nueva ofensiva de Burford y el foco en las reservas del Banco Central reavivan una controversia que mezcla derecho internacional, política y gestión de activos soberanos.
Fuentes: El Intransigente