El paquete de medidas que enfrentó a Perón con la Iglesia en 1954-55
Cómo un paquete de medidas terminó de romper la relación entre Perón y la jerarquía católica
En 1954 y 1955 la tensión entre el gobierno de Juan Domingo Perón y la Iglesia católica escaló hasta convertirse en un conflicto político y social con consecuencias profundas: la derogación de privilegios eclesiásticos, la ley de divorcio, la eliminación de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa y la polémica apertura de prostíbulos bajo supervisión estatal —las llamadas “zonas rojas”— estuvieron entre las medidas que terminaron por definir la ruptura.
El origen del conflicto
Hasta 1954 las relaciones entre el peronismo y la Iglesia habían sido en general cordiales. El desencadenante fueron episodios de visibilidad pública de líderes religiosos de otras confesiones —como la llegada del pastor estadounidense Theodore Hicks— que celebraban curaciones masivas con la aquiescencia presidencial. Para la jerarquía católica eso fue una competencia intolerable y se calificó como un desafío a la religión del Estado.
Medidas legislativas y administrativas
La ofensiva del gobierno incluyó varios frentes:
- Derogación de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa (ley 12.978 en su momento) y recorte de subsidios a escuelas confesionales, lo que dejó docentes sin cargo en algunos colegios.
- Equiparación de derechos entre hijos legítimos e ilegítimos, votada por el Congreso y promovida por el oficialismo como una medida de justicia social.
- Aprobación de la ley de divorcio en diciembre de 1954, que introdujo una reforma de costumbres y cuerpos jurídicos resistida por la Iglesia.
- Apertura de prostíbulos mediante el decreto 22.532 la noche del 30 de diciembre de 1954 y su publicación en el Boletín Oficial en enero de 1955; esa norma definió “zonas” donde el Estado regularía actividades bajo controles sanitarios y administrativos.
Reacción de la Iglesia y de la sociedad
La jerarquía católica respondió con denuncias públicas y movilizaciones. El conflicto se profundizó con medidas del gobierno como la eliminación de feriados religiosos (salvo Navidad y Viernes Santo), detenciones de religiosos y la deportación de algunos miembros del clero. La tensión culminó con la excomunión de Perón por parte del Vaticano y fue factor en el clima político que antecedió al golpe de septiembre de 1955.
Contexto histórico y efectos
Las medidas no surgieron en el vacío. Parte de la legitimidad que el peronismo buscaba —según sus voceros— era responder a demandas sociales sobre educación, estado y laicos; la Iglesia, por su parte, defendía espacios de influencia y privilegios históricos. El choque expuso no solo una disputa por símbolos, sino por la distribución de poder en instituciones clave: escuelas, sindicatos y organizaciones sociales.
Consecuencias legales y sociales
Tras el derrocamiento de Perón en septiembre de 1955, el gobierno de facto derogó la normativa que había reabierto prostíbulos. A su vez, la historia de la excomunión y su posterior absolución —Perón solicitó la reconciliación al Vaticano ya en el exilio y obtuvo la absolución en la década de 1960— muestran que el conflicto dejó huellas que se intentaron recomponer con el tiempo.
Por qué sigue importando
El episodio ilustra cómo decisiones sobre laicidad, políticas sociales y regulación de la moral pública pueden provocar un efecto dominó en la política institucional. También sirve para entender la relación entre gobiernos populares y poder religioso en la Argentina del siglo XX, y por qué esos episodios siguen siendo referencia en debates sobre Estado y religión.