El proyecto de ley de IA de Daniel Gollán: medidas, críticas de Argencon y riesgos al despliegue tecnológico

Resumen del dictamen y las objeciones del sector privado

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva emitió un dictamen de mayoría sobre el proyecto de Daniel Gollán que busca crear un marco legal integral para la Inteligencia Artificial en Argentina. El texto combina protección de derechos, límites para usos riesgosos y una estrategia estatal para promover la innovación; sin embargo, la cámara Argencon expresó su preocupación por posibles efectos burocráticos que afectarían la adopción y la competitividad.

Principales puntos del proyecto

• Derechos de las personas: reconocimiento de la obligación de informar cuando interviene un sistema de IA, derecho a explicaciones comprensibles y a solicitar una revisión humana en decisiones con impacto jurídico o personal.
• Prohibiciones: se proponen vetos expresos a usos inaceptables, como manipulación subliminal, puntuación social y vigilancia biométrica masiva sin orden judicial.
• Clasificación por riesgo: los sistemas se ordenan según niveles de riesgo; los de alto riesgo (salud, justicia, seguridad, crédito, empleo, servicios esenciales) tendrían requisitos de auditoría, registro y certificación previos a su implementación.
• Agencia de aplicación: creación de la Agencia de Gestión del Conocimiento como autoridad de aplicación para supervisar desarrolladores, auditar sistemas de alto riesgo, administrar "sandbox" regulatorios y aplicar sanciones.
• Impulso a la innovación: medidas para promover la investigación, incentivos fiscales, formación de talento y apoyo específico a PyMEs que desarrollen o adopten IA.
• Actualizaciones legales: la iniciativa plantea modificaciones al Código Penal y a la Ley de Datos Personales para penalizar deepfakes no consentidos y ampliar la protección de datos sensibles.

Críticas de Argencon

Argencon, entidad que nuclea empresas de la economía del conocimiento en Argentina, emitió un comunicado en el que manifiesta "profunda preocupación" por el dictamen. Según la cámara, un marco regulatorio con agencias de control, registros obligatorios, auditorías y certificaciones previas puede generar estructuras burocráticas onerosas y poco eficaces que frenen la adopción de tecnologías y el desarrollo competitivo de la industria local.

"Es un antecedente negativo que, en caso de prosperar, pondrá en serio peligro el despliegue de la Inteligencia Artificial en nuestro país", señaló Argencon, que propuso una hoja de ruta alternativa centrada en gobernanza ágil y apoyo a la adopción por parte de empresas de todos los tamaños.

Los argumentos a favor del proyecto

Los promotores del proyecto, entre ellos su autor Daniel Gollán (diputado nacional por UxP y presidente de la comisión), sostienen que se trata de un marco general necesario para proteger derechos, evitar discriminación algorítmica y controlar usos de alto riesgo. El texto busca también crear incentivos para que el Estado acompañe la formación de talento y la investigación, y que las PyMEs accedan a instrumentos para desarrollar soluciones de IA.

Impactos potenciales y debate público

El dictamen plantea una tensión típica en la regulación tecnológica: cómo conciliar la protección de derechos y la mitigación de riesgos con la necesidad de mantener un entorno que favorezca la innovación y la inversión. Argencon aloja el argumento de que regulaciones rígidas pueden volver obsoletos los marcos rápidamente en un campo de alta velocidad de cambio, mientras que los defensores del proyecto enfatizan la necesidad de reglas claras para proteger a los ciudadanos y crear confianza social en las aplicaciones de IA.

En su comunicado, Argencon también subrayó que del acierto en la política pública dependen puestos de trabajo, empresas y exportaciones: cifró en US$10.000 millones las exportaciones del sector conocimiento en 2025 y planteó que una regulación inadecuada podría afectar ese potencial.

Próximos pasos y contexto institucional

La emisión del dictamen por parte de la Comisión es un paso formal en el proceso legislativo; el texto deberá ser discutido en las instancias parlamentarias correspondientes. La eventual sanción implicará la creación de la autoridad propuesta y la definición de mecanismos de fiscalización, registros y certificaciones, aspectos sobre los cuales el sector privado ya anunció su disposición a dialogar para buscar soluciones que permitan compatibilizar control y dinamismo.

Fuentes: El Economista