El “rulo” de Scott Bessent que dejó U$S 70 millones y una deuda de U$S 2.500 millones

Operación y consecuencias: cómo se generó la ganancia y quién paga la cuenta

El caso involucra términos clave: swap, compra de pesos, Scott Bessent, Milei y una ganancia declarada de U$S 70 millones que, según la investigación, quedó a costa del Estado argentino, además de un pasivo asociado al swap de U$S 2.500 millones. La denuncia pública sostiene que, aunque se negó la intervención directa en el mercado cambiario, hubo un negocio financiero con impacto fiscal que sigue sin claridad porque el gobierno mantiene las condiciones bajo secreto.

La nota original atribuye declaraciones que sitúan a Scott Bessent en el centro de la operación. Esa fuente describe que antes de las elecciones se explicó que “compró pesos” como una inversión privada y negó que hubiera intervención directa para favorecer a un candidato. Sin embargo, la investigación señala que la ganancia se concretó y que, en paralelo, se generó una obligación para la Argentina equivalente a U$S 2.500 millones vinculada a un swap cuyos términos no han sido divulgados.

¿Qué es un swap en este contexto?

Un swap de divisas es, en términos simples, un contrato entre dos partes para intercambiar flujos de moneda en fechas determinadas. En operaciones con el Estado o instituciones financieras, estos instrumentos pueden usarse para gestionar exposición cambiaria, pero cuando el Estado asume garantías o contrapartidas no transparentes, el resultado puede implicar un pasivo significativo para las cuentas públicas. En este caso, la nota indica que la Argentina quedó con un pasivo de U$S 2.500 millones a cuenta del swap.

La ganancia y el reclamo público

Los montos que se mencionan —la ganancia de U$S 70 millones atribuida al “rulo” y la deuda por U$S 2.500 millones— son el núcleo de la polémica. La crítica pública sostiene que, aunque la operación fue presentada como inversión privada (la compra de pesos), la estructura del negocio y el swap terminaron trasladando riesgo y costo al Estado. El gobierno, por su parte, no publicó las condiciones del contrato; según la fuente original, mantiene esos términos en secreto, lo que impide auditar el impacto real y evaluar responsabilidades.

Implicancias económicas y políticas

Cuando operaciones financieras de este tipo implican un pasivo para el Estado, el efecto aparece en varias cuentas: menor margen fiscal, aumento del endeudamiento y riesgo sobre reservas internacionales si la obligación requiere liquidación en moneda extranjera. Además, el hecho de que la operación ocurriera en período preelectoral amplifica su dimensión política: se señala que la compra de pesos benefició a un “protegido” (según la nota, Milei), lo cual, de confirmarse, abriría debates sobre la intervención de actores externos en la política local.

Transparencia y verificación

La falta de publicación de los términos del swap impide verificar varias cuestiones clave: contra quién fue la contraparte, si hubo garantías estatales, cuál es el cronograma de pagos y qué condiciones activarían la cancelación del pasivo. Sin esos datos, la auditoría pública o parlamentaria queda limitada. La nota original afirma que el gobierno mantiene las condiciones en total secretismo; esa situación dificulta la evaluación del costo fiscal real y la identificación de posibles conflictos de interés.

Qué falta verificar

• Confirmación del rol exacto y la identidad institucional del actor mencionado en la nota donde se lo describe como “Secretario del Tesoro de Estados Unidos”: esa denominación en la fuente requiere verificación independiente.
• Acceso al texto del swap y anexos, que deberían indicar contraparte, montos garantizados, fechas y cláusulas de resolución.
• Auditoría de las cuentas públicas para identificar el reconocimiento contable del pasivo de U$S 2.500 millones y su impacto en las reservas y en el déficit.
• Registros de comunicaciones entre funcionarios y los actores señalados, que podrían revelar coordinación o acuerdos previos.

Contexto institucional

En la Argentina, operaciones que implican obligaciones en moneda extranjera y contrapartes externas suelen requerir control parlamentario y, en ciertos casos, intervención del Tribunal de Cuentas o del organismo auditor correspondiente. La falta de transparencia en contratos claves suele generar solicitudes de acceso a la información y pedidos de informes por parte de bloques opositores o comisiones legislativas.

Fuentes: La Izquierda Diario