El Senado debate el Presupuesto 2026 con críticas por el artículo 30
La iniciativa llegó con media sanción de Diputados y genera fuerte debate en la Cámara alta
El Presupuesto 2026, que ya obtuvo media sanción en Diputados, ingresó al Senado en medio de críticas por su artículo 30, que según opositores pone en riesgo la aprobación en la votación en particular. La discusión suma reproches sobre proyecciones macroeconómicas, federalismo y el impacto social de las medidas previstas.
Durante el debate en el recinto, legisladores de diversas provincias cuestionaron la viabilidad técnica y el enfoque del proyecto. Daniel Pablo Bensusán (La Pampa) calificó el presupuesto como "totalmente inviable" por inconsistencias en la tasa prevista, el tipo de cambio y la proyección del PBI. Para Bensusán, el equilibrio fiscal que plantea el proyecto es "totalmente ficticio" y sostuvo que sin industria y consumo no hay posibilidad de crecimiento.
Críticas por impacto federal y social
Ana Marks (Río Negro) alertó sobre el impacto en el federalismo: "Este presupuesto destruye el federalismo, sigue concentrando el poder en unos pocos y empobreciendo al pueblo argentino". Señaló además que, bajo la premisa del déficit cero, el plan podría generar un "déficit social y de soberanía científica y tecnológica" y advirtió sobre la creciente necesidad de endeudamiento de las familias para cubrir gastos básicos.
Marcelo Lewandowski (Santa Fe) describió la propuesta como un ajuste severo: "Esto no es austeridad, es un ajuste brutal; no es eficiencia, es desmantelamiento del Estado; no es libertad, es abandono". Los senadores opositores articularon una crítica que combina aspectos técnicos —como las proyecciones macro— y políticos —por la concentración de recursos—.
Qué significa el artículo 30
El artículo 30, señalado como un punto conflictivo, contiene disposiciones que distintos bloques consideran claves para la negociación en la discusión en particular. Aunque el texto exacto del artículo fue objeto de intervenciones y enmiendas, la crítica central pasa por la percepción de que ciertos lineamientos podrían limitar recursos a las provincias o introducir reglas que distintos sectores juzgan regresivas para la inversión social.
En la práctica legislativa, la votación en particular define el tratamiento de artículos puntuales y es en ese tramo donde pueden incluirse o rechazarse enmiendas que modifiquen el alcance del presupuesto. La señal de riesgo para el oficialismo se debe a que el despacho de comisiones y los acuerdos parlamentarios necesitan consolidarse antes de la votación final.
Implicancias para provincias y políticas públicas
El debate no es solo técnico: un presupuesto nacional define cupos de transferencias, pautas de gasto y prioridades de política pública. Cuando senadores advierten sobre la "destrucción del federalismo" o la "concentración del poder", hacen referencia a la distribución de recursos entre Nación y provincias y a la posibilidad de que programas de salud, educación o ciencia tengan recortes o reorientaciones que afecten la gestión provincial.
La discusión también toca el punto del equilibrio fiscal: el proyecto pretende mostrar un camino hacia la estabilidad de cuentas públicas, pero para parte de la oposición ese objetivo se persigue a costa de reducir inversiones públicas y programas sociales, lo que, según sus críticos, puede profundizar desigualdades y afectar la capacidad productiva del país.
Próximos pasos parlamentarios
El trámite pasa ahora por la discusión en particular en comisión y luego por la votación del pleno del Senado. Si se aprueban cambios en particular, el texto deberá volver a Diputados para la revisión final; si no hay modificaciones de fondo, puede avanzar hacia la sanción definitiva. El calendario y la composición de votos en comisiones serán determinantes para el resultado final.
Contexto político
Los juicios sobre el presupuesto suelen entrelazar evaluaciones técnicas con estrategias políticas: el oficialismo defiende la necesidad de orden fiscal, mientras que distintos sectores de la oposición priorizan el cuidado del gasto social y la autonomía provincial. En este contexto, la discusión pública y el intercambio de cifras técnicas serán decisivos para la percepción ciudadana sobre el rumbo económico del próximo año.
Fuentes: El Economista