Embajador Oxenford celebró el acuerdo comercial con EE. UU. y generó críticas del peronismo
Reacciones al pacto: diferencias entre el Gobierno y el peronismo
El embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, describió el reciente acuerdo comercial con Washington como el inicio de “una nueva etapa” en la inserción internacional de la Argentina y destacó su potencial para atraer inversiones y dar mayor previsibilidad al país. Sus declaraciones, realizadas en una entrevista radial en Radio Mitre, provocaron una respuesta crítica desde distintos sectores del peronismo, que calificaron el pacto como “desequilibrado” por permitir el ingreso de bienes y servicios estadounidenses a costos bajos.
Qué dijo Oxenford
Oxenford afirmó que la relación bilateral atraviesa “un momento de inflexión” tras décadas de políticas que, a su juicio, aislaron a la Argentina de los grandes flujos de inversión. “Nos pasamos 80 años levantando muros, pero ahora estamos empezando a construir puentes con Estados Unidos y con el mundo”, dijo, y agregó que el acuerdo enviaría al exterior una señal de mayor estabilidad, previsibilidad y confianza.
En la entrevista el embajador comparó el proceso con una maratón: “Empezamos a correr para el lado correcto. Falta mucho, pero estamos donde debemos estar”, y reconoció que la Argentina arrastra “muchas décadas de sufrimiento de la gente” por decisiones previas, por lo que, enfatizó, la honestidad en la conducción será clave para que las mejoras lleguen a la población.
Críticas del peronismo
Desde sectores del peronismo, la reacción fue crítica. La lectura predominante en la oposición es que el acuerdo podría beneficiar desproporcionadamente a exportadores y proveedores estadounidenses, y dejar en inferioridad a empresas y sectores locales que compiten con productos importados a menor costo. Por eso calificaron el pacto como “desequilibrado” y reclamaron más transparencia sobre las concesiones negociadas y las medidas de protección o compensación para industrias y empleos locales.
El debate político pone el foco en dos preguntas: qué tipo de acceso abrirá el acuerdo para bienes y servicios estadounidenses y qué instrumentos tiene el Estado para mitigar efectos adversos en sectores vulnerables o estratégicos de la economía nacional.
Contexto económico y político
La discusión se produce en un momento en que el Gobierno busca mostrar señales de apertura económica para atraer inversión extranjera directa y mejorar expectativas. Para el oficialismo, acuerdos como este son una herramienta para aumentar el stock de capital, modernizar procesos productivos y ampliar mercados. Para la oposición peronista, la prioridad debería ser proteger el empleo y la industria doméstica mientras se negocian condiciones que garanticen reciprocidad y beneficios sostenibles para la economía local.
Además del debate técnico sobre aranceles y barreras no arancelarias, el acuerdo adquiere relevancia política porque toca intereses sectoriales y electorales: sectores industriales, sindicatos y pymes suelen reaccionar de manera sensible frente a una mayor apertura importadora, mientras que los partidos que apoyan la liberalización apuntan a acelerar la integración comercial como motor de crecimiento.
Qué sigue
En las próximas semanas se esperan pedidos de informes en comisiones legislativas y análisis por parte de cámaras empresariales y gremios. Los legisladores peronistas anticiparon que exigirán detalles del texto y evaluarán posibles salvaguardas para sectores con riesgo de pérdida de competitividad. Desde la Casa Rosada y la representación diplomática en Washington señalan que la negociación buscó equilibrar intereses y que habrá mecanismos de monitoreo para ajustar la implementación si fuera necesario.
Instituciones que participan y por qué importan
El intercambio con Estados Unidos se articula en la práctica entre la Cancillería, el Ministerio de Producción/Comercio y la embajada en Washington, además de organismos técnicos como la AFIP y la Secretaría de Comercio. A escala política, el Congreso tendrá un rol clave si el acuerdo requiere ratificaciones o la modificación de normativas internas para su ejecución.
Fuentes: El Intransigente