En paralelo al concurso, exdirectivos de Vicentin enfrentan una causa penal por defraudación
Causa penal por defraudación avanza contra exdirectivos de Vicentin mientras sigue el concurso
La crisis de Vicentin, que declaró el default en diciembre de 2019, mantiene procesos judiciales y concursales simultáneos: el juez del concurso le entregó el control a Grassi SA, y la Fiscalía de Rosario tramita una causa por defraudación contra 16 exdirectivos de la agroexportadora.
En marzo pasado fueron detenidos cuatro exmiembros del directorio por la investigación penal: Daniel Buyatti (ex presidente), Roberto Gazze (exgerente), Omar Scarel y el contador Alberto Julián Macua. La acusación original fue formulada por el fiscal Miguel Moreno, que luego fue designado magistrado de Cámara.
El concurso y la intervención de Grassi SA
En el marco del concurso de acreedores, el juez Fabián Lorenzini resolvió otorgarle a Grassi SA —una firma rosarina que se dedica al corretaje de granos— el control operativo de Vicentin. Esa decisión forma parte del trámite concursal que busca ordenar la actividad comercial y las deudas de la compañía con acreedores locales e internacionales.
Origen del conflicto
El default de Vicentin en 2019 abrió una compleja trama de reclamos por créditos impagos, operaciones con bancos y proveedores, y sospechas sobre maniobras que habrían afectado el patrimonio de la empresa y a terceros. La empresa llegó a ser una de las principales agroexportadoras del país y su quiebra tuvo un fuerte impacto en el mercado de granos y en la región santafesina.
Consecuencias para el proceso judicial y concursal
El avance de la causa penal es paralelo al trámite del concurso: mientras los síndicos y el juez analizan propuestas de reorganización y ofertas de terceros interesados en la empresa o activos, la fiscalía investiga posibles delitos vinculados con la administración y destino de fondos. Las detenciones de marzo se enmarcan en esas investigaciones y en la imputación de 16 directivos por presunta defraudación.
Qué sigue
El proceso concursal continuará con audiencias y evaluaciones de ofertas para normalizar la operación o liquidar activos según corresponda. En paralelo, la investigación penal seguirá su curso hasta que la fiscalía aporte pruebas y la justicia resuelva sobre eventuales responsabilidades penales.
Fuentes: La Nación