Escándalo por presunta estafa a egresados en La Plata: familias reclaman y avanzan con denuncia penal

Padres y estudiantes denuncian estafa por la cancelación de salones

Familias y estudiantes de La Plata denunciaron una presunta estafa tras la suspensión, a 48 horas del evento, de varias fiestas de "pre-promoción" contratadas en un salón ubicado en 122 y 58, conocido como "El Límite"; los grupos afectado anunciaron que presentarán una denuncia penal y reclamaron la restitución del dinero pagado.

Cómo se desencadenó el conflicto

El conflicto se desató luego de que los dueños del local comunicaran, a último momento, la suspensión de las celebraciones por supuestos desperfectos eléctricos en el salón. Las familias dijeron a medios locales que habían firmado contratos meses antes y abonado anticipos; una madre consultada confirmó que en algunos casos la cifra total acordada alcanzó los 12 millones de pesos por curso en la negociación celebrada en mayo.

En reacción, padres y alumnos se concentraron frente al boliche y exigieron la devolución o la reubicación en un espacio equivalente. Según el relato de las familias, en algunos casos el local dejó de responder comunicaciones y propuso alternativas que no coincidían con lo contratado, o pidió sumas adicionales para garantizar la realización de la fiesta.

Situación administrativa del salón

La municipalidad de Berisso confirmó que el local figura inhabilitado y que existe un expediente en trámite en el Juzgado de Faltas Nº 2. Esa condición administrativa respalda la preocupación de las familias sobre la capacidad real del establecimiento para recibir eventos masivos. Por antecedentes, en 2022 la comunidad educativa ya protagonizó un conflicto similar con ese mismo complejo —entonces conocido como Lisboa— por diferencias entre lo contratado y lo que finalmente se ofreció.

Respuesta de las familias y medidas adoptadas

Ante la inminencia de las fechas, los estudiantes buscaron espacios alternativos para no quedarse sin la celebración. Se realizaron encuentros en Plaza Moreno con equipos de música y luces portátiles, y se organizaron fiestas alternativas en quinchos privados, clubes de barrio y salones comunitarios que ofrecieron sus instalaciones en forma solidaria.

Los representantes de los cursos afectados anunciaron que avanzarán con una denuncia penal colectiva para que se investigue la posible maniobra de cobro indebido y el eventual perjuicio económico. Además, reclamaron a la municipalidad que coordine una inspección más exhaustiva de locales cuya habilitación esté en duda.

Aspectos legales y derechos de consumidores

Desde el punto de vista del derecho del consumidor y de la contratación, un contrato firmado que no se cumple por parte del prestador habilita a las familias a demandar la restitución de lo abonado y a reclamar daños y perjuicios cuando corresponda. Para los padres, el énfasis estará en la prueba documental: contratos, comprobantes de pago y comunicaciones entre las partes.

En causas similares, además de la vía penal por estafa, las familias pueden tramitar reclamos administrativos ante Defensa del Consumidor y presentar denuncias en juzgados de faltas municipales cuando hay irregularidades de habilitación o seguridad.

Reacciones y seguimiento

La protesta frente al local continuó pasadas las horas iniciales del conflicto. Padres y alumnos coincidieron en su enojo por la falta de previsión y por la comunicación tardía, que obligó a muchas familias a buscar soluciones urgentes y a asumir costos extraordinarios. Algunos padres manifestaron su intención de sumarse a la presentación judicial colectiva que ya anunciaron representantes de los cursos.

Autoridades municipales y profesionales legales consultados por medios locales indicaron que la investigación deberá determinar si existieron maniobras para retener fondos sin prestar el servicio o si la suspensión obedeció a problemas reales de habilitación y seguridad, comunicados de forma insuficiente.

Próximos pasos: las familias preparan la denuncia penal colectiva y reclamos administrativos; la municipalidad mantiene el expediente en el Juzgado de Faltas Nº 2 y la Secretaría de Inspección deberá informar si el local mejora condiciones o continúa inhabilitado.

Fuentes: El Día