España: Felipe VI y Pedro Sánchez bajo crítica por llamar “retenidos” a presos políticos en Venezuela

Debate público por el lenguaje oficial sobre los españoles encarcelados en Venezuela

En España, las palabras del rey Felipe VI y del presidente Pedro Sánchez al referirse a compatriotas encarcelados en Venezuela como “retenidos” desataron una ola de críticas que los acusa de minimizar la condición de presos políticos. La discusión política y pública gira ahora en torno al uso del término y sus implicancias diplomáticas, en un contexto donde familias y sectores sociales reclaman un trato más explícito frente a la situación en Venezuela.

Qué está en discusión

La polémica no es solo semántica: según quienes cuestionan el término, llamar “retenidos” a personas privadas de su libertad por motivos políticos es una forma de blindar o relativizar la represión de un régimen. Para esos críticos, la denominación correcta sería “presos políticos” o, en algunos casos, “secuestrados por la dictadura”, conceptos que enfatizan la responsabilidad del Estado venezolano en la privación de libertad por razones de disidencia política.

Un acto de gobierno o una estrategia diplomática

Desde la perspectiva oficial, el uso de un lenguaje menos confrontativo suele justificarse como prudencia diplomática: evitar tensiones para preservar canales de diálogo y proteger a ciudadanos. En cambio, los opositores a esa estrategia sostienen que la ambigüedad lingüística tiene efectos concretos sobre la visibilidad del problema y la presión internacional que puede recibir el régimen. Los críticos afirman que la elección de palabras por parte de figuras institucionales no es neutra y puede incidir en la percepción pública y en la respuesta internacional.

El rol de José Luis Rodríguez Zapatero

La columna que generó la reacción menciona además al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, señalándolo como una figura clave en los intentos de mediación en Venezuela. Zapatero, quien ocupó la presidencia del Gobierno español entre 2004 y 2011, ha actuado en los últimos años en distintos foros vinculados al diálogo político en Venezuela. Para quienes critican esa intervención, su participación funcionó como aval externo en procesos que algunos consideran de dudosa transparencia. Sus defensores, en cambio, lo presentan como un mediador dispuesto a mantener canales de comunicación.

Contexto regional y memoria histórica

El debate también conecta con memorias políticas. La columna original que ha provocado reproches remite a la experiencia argentina con las dictaduras y a los términos que se usaban para describir a las víctimas del autoritarismo. Esa referencia busca subrayar el riesgo de normalizar eufemismos que blanqueen la violación de derechos humanos. En América Latina, las denominaciones públicas sobre detenciones por motivos políticos suelen tener impacto en la presión internacional y en la capacidad de visibilizar la situación de las personas privadas de libertad.

Impacto en la opinión pública

En España, la elección de vocabulario por parte del rey y del presidente provocó reacciones en ámbitos políticos, en redes sociales y entre familiares de los detenidos. Sectores que exigen una postura más crítica sostienen que el lenguaje oficial debería reflejar la gravedad de la situación en Venezuela y apoyar con claridad a quienes consideran víctimas de persecución política. Por su parte, quienes abogan por la moderación argumentan que mantener canales con el Gobierno venezolano puede ser la vía más eficaz para lograr liberaciones o mejorar condiciones.

¿Qué implican los términos “retenido” y “preso político”?

Nombrar de una u otra manera cambia la narrativa pública. “Retenido” suele asociarse a una situación temporal, a veces vinculada a controles o a la retención administrativa; su uso puede transmitir una imagen menos grave. “Preso político”, en cambio, implica una privación de libertad por motivos ideológicos o por actividad política, y carga la responsabilidad sobre el Estado que detiene. Los organismos internacionales de derechos humanos y las organizaciones civiles suelen usar la categoría de preso político cuando hay elementos objetivos que indiquen detenciones por razones de opinión o pertenencia política.

Posibles efectos prácticos

Los expertos en diplomacia y derechos humanos señalan que la forma en que un Estado denomina estos casos puede afectar la reacción de otros gobiernos, la acción de tribunales internacionales y la presión de organismos multilaterales. Un lenguaje que niegue o relativice la naturaleza política de las detenciones puede reducir el margen de maniobra para sanciones, reconciliaciones o procesos de liberación. En sentido inverso, una definición clara como “presos políticos” puede fortalecer campañas de visibilización y pedidos de intervención humanitaria o diplomática.

Lo que piden familiares y ONGs

Familiares y asociaciones vinculadas a derechos humanos suelen reclamar definiciones precisas y contundentes por parte de los gobiernos, acompañadas de medidas concretas: iniciativas diplomáticas para garantizar visitas consulares, presión multinacional, y seguimiento judicial o de organismos internacionales. En este conflicto de lenguaje está en juego también la sensación de que el Estado protege o abandona a sus ciudadanos ante violaciones de derechos en el exterior.

Conclusión: lenguaje y responsabilidad

La controversia en España por las palabras elegidas para referirse a los españoles encarcelados en Venezuela refleja una discusión más amplia sobre la función del lenguaje en política exterior y memoria colectiva. Más allá de las intenciones que se atribuyan a quien habla, la elección terminológica tiene efectos prácticos y simbólicos. Para quienes exigen mayor claridad, abandonar el eufemismo es un paso para visibilizar violaciones y ejercer presión; para quienes priorizan la cautela diplomática, la moderación intenta preservar canales que, según sostienen, pueden ayudar a proteger a las personas afectadas.

Fuentes: Perfil — España y la vergüenza de las palabras tibias