Familias denuncian regresividad en políticas de discapacidad y reclaman cumplimiento judicial

Denuncias, decretos y una sentencia que ordenó restablecer derechos

Organizaciones y familias del colectivo de discapacidad cuestionan medidas del Estado que, según su relato, resultaron en suspensión masiva de pensiones, recortes presupuestarios y el uso de un lenguaje degradante por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El conflicto llegó a la Justicia, que declaró nulo el decreto que suspendió la ley de emergencia; las familias denuncian que el fallo aún no se cumple.

El 16 de enero de 2025 la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) publicó una resolución con un lenguaje que organizaciones y familias calificaron de degradante. A lo largo de 2024 y 2025, según la exposición de las organizaciones, el Gobierno suspendió 140000 pensiones por discapacidad a partir de auditorías irregulares —con un 50% de notificaciones que nunca alcanzaron a sus destinatarios—, congeló el valor de prestaciones de salud vinculadas a discapacidad mientras la inflación erosionaba el poder adquisitivo y redujo el presupuesto de la agencia a niveles reales no vistos desde 2018.

La respuesta legislativa y el veto

Ante esa situación, el Congreso sancionó en julio de 2025 una ley de emergencia en discapacidad con el objetivo de restituir derechos y garantizar financiamiento. El Presidente vetó esa ley por completo; el veto fue rechazado por el Congreso en septiembre con las mayorías necesarias. A pesar de ello, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 681/2025 que, según las familias, suspendió la aplicación de la ley y profundizó el conflicto institucional.

Litigio y sentencia

Las familias afectadas iniciaron un amparo colectivo ante el Juzgado Federal de Campana. El 12 de diciembre de 2025 el juez dictó sentencia declarando la nulidad absoluta del Decreto 681/2025 por violar la Constitución: permitió que el Presidente suspendiera una ley cuyo veto había sido rechazado por el Congreso. La sentencia ordenó la aplicación inmediata de la ley de emergencia en discapacidad, la actualización de los valores de las prestaciones, el restablecimiento de las pensiones suspendidas y el financiamiento adecuado del sistema. Aunque el Gobierno apeló, la apelación no suspendía el cumplimiento del fallo, y las familias tuvieron que intimar judicialmente al Estado para exigir su ejecución porque, según denuncian, las autoridades no cumplieron la orden.

Intentos de revertir la norma y voto en la ONU

Cuatro días después de la sentencia, el 16 de diciembre de 2025, la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados intentó incorporar la derogación de la ley de emergencia al proyecto de Presupuesto 2026, pero la maniobra fracasó en el recinto. El 17 de diciembre Argentina votó en la Asamblea General de las Naciones Unidas contra una resolución que pedía a los países garantizar "financiamiento suficiente, previsible y sostenible" para los derechos de las personas con discapacidad. De los 193 países miembros, 191 votaron a favor; sólo Estados Unidos y Argentina votaron en contra, lo que, según las familias, mostró una decisión política de desentenderse del financiamiento de esos derechos.

Normas internacionales y obligaciones constitucionales

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Argentina, tiene rango constitucional desde 2008. Las organizaciones y las familias sostienen que la votación en la ONU y las medidas internas contravienen la obligación constitucional de garantizar los derechos reconocidos por la Convención. En su pronunciamiento público, las Madres de Personas con Discapacidad señalaron que la política no responde a falta de recursos sino a una voluntad política de desfinanciar el sistema de protección.

Impactos concretos

Según las familias y organizaciones, la suspensión de 140000 pensiones y el congelamiento de prestaciones de salud agravaron la situación de vulnerabilidad de muchas personas con discapacidad. La reducción presupuestaria, junto con la inflación, implicó pérdida de poder de compra para prestaciones esenciales y dificultades para acceder a servicios terapéuticos y de rehabilitación.

Reclamo social y político

Las familias convocaron a gobernadores, intendentes, legisladores, sindicatos, universidades y organizaciones sociales a pronunciarse públicamente contra lo que califican como un patrón sistemático de regresividad. En su llamado advierten que la Constitución no admite neutralidad frente a la violación de derechos fundamentales y que el silencio institucional ante estas decisiones equivale, según ellas, a complicidad.

Qué sigue

El conflicto tiene múltiples frentes: judicial, político y de movilización social. La sentencia del Juzgado Federal de Campana ordenó medidas concretas que, según las familias, no se han ejecutado plenamente. Si persiste la falta de cumplimiento, las acciones judiciales y las iniciativas de presión pública probablemente continúen. Para los sectores que defienden la garantía de derechos, la discusión no es sólo técnica o presupuestaria: es una disputa sobre prioridades y cumplimiento constitucional.

Fuente: Perfil