Femicidios y orfandad: las infancias que quedan a la intemperie

Las hijas e hijos que pierden a sus madres por femicidios y las redes de contención insuficientes

Entre 2017 y 2025 cientos de niñas, niños y adolescentes quedaron sin madre como consecuencia de femicidios en la Argentina. Ese dato, doloroso y concreto, abre preguntas sobre la protección posterior: quién cuida a esas infancias, qué mecanismos estatales y comunitarios existen y cuáles son las brechas que agravan su vulnerabilidad.

Más allá del recuento: consecuencias inmediatas

La muerte violenta de una madre deja efectos simultáneos y duraderos: pérdida afectiva, exposición a procesos judiciales complejos, necesidades materiales urgentes y, en muchos casos, desplazamientos o cambios de residencia. Además, la experiencia de presenciar o enterarse de manera traumática del hecho puede provocar secuelas psicológicas que requieren intervención especializada.

En términos prácticos, la orfandad por femicidio suele activar diversas rutas administrativas: la actuación del Poder Judicial, la intervención de organismos de niñez y de áreas de violencia doméstica en municipios y provincias, y la búsqueda de redes familiares que se hagan cargo. Sin embargo, la capacidad de respuesta no es homogénea: varía según la jurisdicción, la disponibilidad de plazas en programas sociales, y la articulación entre dependencias estatales y organizaciones civiles.

Vacíos en la protección y reparación

Una crítica recurrente es la fragmentación institucional. Los procesos judiciales y los dispositivos de protección social circulan por circuitos distintos que, a menudo, no comparten información ni coordinan medidas de contención integral. Eso demora decisiones sobre guarda, asistencia económica y acceso a prestaciones de salud y educación para los niños y niñas afectados.

Otro desafío clave es la accesibilidad a cuidados psicológicos y servicios de salud mental. La urgencia inicial suele concentrar recursos para lo procesal —investigación y medidas cautelares— y posponer la atención a las secuelas emocionales, que requieren abordaje continuo.

Políticas públicas y ejemplos para replicar

Las políticas más efectivas combinan tres ejes: respuesta inmediata, protección a mediano plazo y reparación. En algunos municipios se implementaron programas integrados que incluyen asistencia económica transitoria, acompañamiento psicológico, escolarización prioritaria y acompañamiento jurídico. Estas experiencias muestran que la articulación entre áreas de niñez, comisarías de la mujer, fiscalías y centros comunitarios reduce tiempos y mejora la atención.

También es relevante el papel de las organizaciones sociales y redes comunitarias que ofrecen refugio, sostén emocional y apoyo para la tramitación de derechos. Fortalecer esa colaboración puede mejorar la cobertura, sobre todo en zonas con menor presencia estatal.

¿Qué falta para proteger a las infancias?

• Protocolos unificados entre jurisdicciones para la intervención inmediata tras un femicidio.
• Plazas de contención y alojamientos alternativos adecuados y con perspectiva de derechos.
• Programas de asistencia económica y escolaridad que eviten la precarización de los niños y niñas.
• Acceso sostenido a salud mental y redes de seguimiento hasta la mayoría de edad.
• Registro y monitoreo interinstitucional de casos para evaluar medidas de política pública.

Mirada final

Los femicidios no terminan con la justicia penal. Sus efectos se reproducen en generaciones cuando no existen respuestas integradas. Garantizar la protección de las infancias que quedan a la intemperie requiere priorizar la articulación interinstitucional, asegurar recursos para la contención material y emocional, y sostener políticas de reparación que permitan recomponer las trayectorias de vida de niñas, niños y adolescentes.

Nota de opinión por Ale Casas Cau.

Fuentes: La Gaceta (columna de opinión)