Gobierno reestructura la SIDE por DNU y amplía facultades operativas
Reforma por DNU: alcance, poderes y controles
El Gobierno publicó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que modifica la Ley de Inteligencia Nacional y redefine la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), otorgándole mayores facultades operativas, incluida la posibilidad de aprehender personas en casos de flagrancia o por orden judicial. El DNU también crea nuevas agencias y cambia el esquema de control y coordinación del sistema de inteligencia.
Qué cambia en la estructura institucional
El DNU transforma la actual Agencia de Seguridad Nacional en la Agencia Nacional de Contrainteligencia, con la misión de prevenir amenazas vinculadas al espionaje, sabotaje, injerencia extranjera y operaciones de influencia que, según el Ejecutivo, puedan afectar el orden constitucional o intereses estratégicos del país. La reforma amplía la competencia de contrainteligencia a todo el sector público nacional.
En materia tecnológica, el decreto crea el Centro Nacional de Ciberseguridad bajo la Jefatura de Gabinete y reconvierte a la ex Agencia Federal de Ciberseguridad en Agencia Federal de Ciberinteligencia, que pasará a depender de la SIDE con competencia exclusiva en el ciberespacio.
Facultades operativas: la aprehensión de personas
Una de las medidas más sensibles es la habilitación para que el personal de inteligencia pueda aprehender personas en casos de flagrancia y cuando exista una orden judicial previa, con la obligación de notificar de inmediato a las fuerzas de seguridad. El Ejecutivo justifica el cambio en la «sensibilidad» de la información manejada y en la necesidad de reducir un supuesto «riesgo estratégico nacional».
La habilitación de facultades con efectos en la libertad ambulatoria de las personas plantea preguntas sobre los mecanismos de control y las garantías procesales; el DNU prevé que la medida deberá ser convalidada por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso.
Presupuesto, gastos reservados y capacidad de requerir información
El decreto asigna a la SIDE la administración directa de todo el Sistema de Inteligencia Nacional. Entre sus nuevas atribuciones figura aprobar y controlar los presupuestos del área, incluidos los gastos reservados, y requerir información a organismos del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ese traslado de control presupuestario concentra poderes que, hasta ahora, estaban distribuidos entre varios organismos. La medida plantea interrogantes sobre los límites al manejo de fondos secretos y la transparencia de los mecanismos de supervisión parlamentaria.
Nuevos ámbitos de articulación
El DNU crea dos espacios de coordinación: la Comunidad de Inteligencia Nacional, que integra organismos de inteligencia, Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y la Unidad de Información Financiera (UIF); y la Comunidad Informativa Nacional, que suma a Migraciones, Renaper, Aduana, Cancillería y áreas vinculadas a energía, sector nuclear y el ámbito espacial.
El Gobierno sostiene que la medida busca reducir «superposiciones» y mejorar la coordinación operativa entre distintas dependencias del Estado con información sensible.
Consecuencias sobre la inteligencia militar y el esquema de control
El DNU elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, trasladando esas funciones al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. El objetivo declarado es simplificar la estructura y evitar duplicaciones entre civil y militar.
Al mismo tiempo, la reforma concentra mayor control en la SIDE y en la Secretaría General de la Presidencia, que según el texto del anuncio y fuentes del oficialismo tendrá una mayor influencia sobre el funcionamiento del organismo.
Contexto político y conducción
La medida constituye un respaldo a la conducción del asesor presidencial Santiago Caputo y refuerza al titular actual de la SIDE, Cristian Auguadra, señalado en los informes como persona de confianza del entorno presidencial. Fuentes oficiales mencionan también una mayor intervención de Karina Milei, titular de la Secretaría General de la Presidencia, en el control del organismo.
El Ejecutivo defiende la reforma como necesaria frente a riesgos estratégicos; críticos y organismos de derechos humanos cuestionan la ampliación de poderes sin garantías claras y piden un debate legislativo, una vez que la Comisión Bicameral analice el DNU.
Qué sigue: control parlamentario y debate público
El DNU deberá ser revisado por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso. Ese trámite será la instancia para plantear límites operativos, reglas sobre el uso de gastos reservados, mecanismos de rendición de cuentas y salvaguardas para proteger derechos y libertades.
Organismos de la sociedad civil, especialistas en seguridad y algunos bloques de oposición ya anticiparon la intención de reclamar mayores controles parlamentarios y judiciales, así como definiciones claras sobre cuándo y cómo se ejercerán las facultades de aprehensión.
Fuentes: El Día