Guillermo Poch: “Modificar el IVA sin una nueva ley de coparticipación es casi imposible”
El tributarista advierte que la reforma del IVA exige acuerdo entre provincias
El tributarista Guillermo Poch sostuvo que cualquier intento serio por modificar el IVA choca con la necesidad de reformar antes la ley de coparticipación federal y lograr un consenso entre todas las provincias, algo que no se consigue desde la reforma constitucional de 1994. En diálogo con Canal E, Poch evaluó además otros puntos del proyecto de reforma tributaria que el Gobierno planea enviar al Congreso.
Qué propone el esquema que circula en el Gobierno
Poch dijo que, por ahora, “todo son trascendidos” y que la discusión real se dará cuando el proyecto ingrese a la Cámara de Diputados. Según señaló, la iniciativa oficial incluiría la eliminación de alrededor de 20 tributos, aunque —precisó— es poco probable que esos cambios toquen los impuestos que concentran mayor recaudación, como el IVA, Ganancias o el impuesto al cheque.
El especialista explicó que el Ejecutivo podría orientar sus esfuerzos a reducir el impacto de Ganancias en personas físicas mediante mayores deducciones; sin embargo, advirtió que esas deducciones exigirían comprobantes y facturación, lo que a la vez aumentaría la trazabilidad de la economía y podría formalizar parte de la actividad hoy en negro.
El “super IVA” y la ley de coparticipación
Sobre la alternativa conocida como “super IVA” —un esquema impositivo con características distintas al IVA actual— Poch fue claro: para avanzar en algo de ese tipo primero habría que reformar la ley de coparticipación federal de impuestos. La norma vigente regula la distribución de los impuestos entre la Nación y las provincias; cualquier tributo análogo o nuevo que afecte la masa coparticipable requiere negociación entre jurisdicciones.
El tributarista recordó que después de la reforma constitucional de 1994 se esperaba una nueva ley de coparticipación que nunca se sancionó, por lo que modificar la estructura del IVA implicaría un proceso político extenso y la necesidad de consenso entre todos los gobernadores. Ese requisito convierte al IVA en una variable más compleja políticamente que otros impuestos que recaen principalmente en la órbita nacional.
Impuesto al efectivo y riesgo de informalidad
Poch también se refirió a la idea de aplicar un impuesto sobre transacciones en efectivo y advirtió sobre el efecto contrario al deseado: “Establecer un impuesto al efectivo va a terminar premiando la informalidad”, dijo. Su argumento es que los agentes económicos podrían preferir pagos por fuera del circuito formal para evitar la carga impositiva, lo que sacaría recursos del registro fiscal y disminuiría la base tributaria.
En esa línea, señaló que un impuesto al efectivo puede incentivar prácticas de economía informal y reducir la recaudación a corto plazo, por lo que su diseño requiere calibrarse con cuidado o complementarse con medidas que reduzcan el incentivo a operar al margen.
Recaudación y coyuntura económica
Consultado por la caída de la recaudación —una baja estimada entre 3,5% y 4% que se mencionó en el diálogo—, Poch vinculó la merma con el clima de incertidumbre electoral y la conducta preventiva de los agentes económicos: “La gente estaba a la expectativa y trató de proteger capital”, dijo, lo que enlentece la actividad y reduce la presión fiscal.
Para el tributarista, la salida pasa por recuperar consumo y producción: “El consumo y la producción son las primeras variables que deben recuperarse” para que la recaudación vuelva a subir de forma sostenida.
Qué queda por resolverse
En resumen, Poch plantea que los cambios tributarios de mayor calado —especialmente sobre el IVA— no dependen solo del Ejecutivo sino de un acuerdo federal que modifique la ley de coparticipación. Mientras tanto, medidas como mayores deducciones en Ganancias o reformas parciales pueden avanzar con menor resistencia institucional, aunque su efectividad dependerá de la formalización que generen y del diseño técnico que las acompañe.
Fuente: Perfil / Canal E