Industria y construcción piden revisar la Ley de Glaciares: reclamo por criterios "caso por caso"
Cámaras empresarias respaldan proyecto que habilita a provincias a definir áreas protegidas
La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Unión Industrial Argentina (UIA) pidieron que la reforma de la Ley de Glaciares abandone prohibiciones genéricas y adopte un enfoque "caso por caso". Las entidades coinciden con el proyecto que el Ejecutivo ingresó al Senado para modificar el Régimen de Presupuestos Mínimos (Ley 26.639) y así dar previsibilidad a inversiones, en especial en minería e infraestructura.
Qué reclaman las cámaras
CAMARCO sostuvo que no todas las geoformas periglaciales constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos y solicitó que la delimitación se base en estudios técnicos específicos. La UIA planteó que la ley debe ofrecer criterios científicos claros para garantizar previsibilidad y certidumbre jurídica a proyectos productivos.
La iniciativa del Gobierno
El proyecto enviado por el Ejecutivo el 15 de diciembre apunta a terminar con lo que denomina "prohibiciones abstractas" y fortalece la potestad de las provincias para identificar qué glaciares y ambientes periglaciales cumplen funciones hídricas estratégicas (consumo humano, agricultura, biodiversidad, investigación científica y turismo). En los fundamentos se menciona además la necesidad de diálogo federal, con referencias a pedidos de gobernadores de la Mesa del Litio y de la Mesa del Cobre.
Mecanismo propuesto y rol del IANIGLA
Una modificación técnica relevante es la incorporación de un artículo sobre el "Principio precautorio" con efecto inverso: las geoformas incluidas en el Inventario Nacional tendrían protección "hasta tanto la autoridad competente" verifique la inexistencia de funciones hídricas. Si la provincialidad determina que una zona no cumple esas funciones, el proyecto prevé que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) actúe para modificar el registro técnico.
Posturas y tensiones
Las cámaras insisten en que no cuestionan la protección ambiental como objetivo, sino la metodología de aplicación de la norma actual, que, según su lectura, genera incertidumbre y frena inversiones. El argumento empresarial subraya que una regulación con criterios técnicos claros permitiría compatibilizar cuidado del recurso hídrico con proyectos productivos que, sostienen, pueden aportar empleo y exportaciones.
El debate planteado por la reforma combina elementos técnicos, jurisdiccionales y políticos: conflictos entre estándares nacionales y decisiones provinciales, la interpretación del principio precautorio y la necesidad de garantías para inversiones constituyen los ejes centrales. La discusión en el Senado definirá si el texto defendido por el sector privado y por el Ejecutivo recibe apoyos suficientes para modificar el régimen vigente.
Fuente: Perfil