Interpol entregó datos sobre 10 de los 15 acusados por delitos de lesa humanidad
Interpol remitió información sobre diez personas vinculadas a la causa por delitos de lesa humanidad
Interpol envió a la Justicia argentina datos identificatorios de 10 de las 15 personas sobre las que el juez Ariel Lijo libró órdenes de captura internacional en una investigación por presuntos delitos de lesa humanidad. La causa, que se desarrolló en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal, incluye a funcionarios del gobierno de Nicaragua y está dirigida por el fiscal Eduardo Taiano.
Qué pidió la Justicia y qué respondió Interpol
El requerimiento partió de la investigación que en diciembre de 2024 motivó órdenes de captura internacional. Según explicó el fiscal Taiano, tras solicitar indagatoria con fines de extradición se requirieron a Interpol datos sobre las personas sujetas a ese trámite; la organización internacional ya remitió información identificatoria sobre 10 de ellas. Taiano aclaró que, aunque Interpol ya posee esos datos, aún no se ha activado una alerta internacional (como el «red notice»), porque el procedimiento administrativo correspondiente sigue en trámite.
En la investigación aparecen —entre otros— el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y «copresidenta» Rosario Murillo. El fiscal puntualizó que no confirmó si entre las 10 personas identificadas por Interpol están Ortega y Murillo. También subrayó que no está previsto juzgar en ausencia; para avanzar con detenciones fuera de Nicaragua sería necesario que las personas salgan del país o que exista cooperación internacional específica.
Origen de la causa en Argentina y marco jurídico
La investigación se inició en 2022 a partir de una denuncia de académicos de la Universidad de Buenos Aires, liderada por el profesor Darío Richarte, con la adhesión de alumnos y organizaciones de la sociedad civil. En el expediente se imputan crímenes como asesinato, privación grave de la libertad, desaparición forzada, tortura, deportación y persecución por razones políticas, entre otros hechos que, según la denuncia, constituirían violaciones sistemáticas de derechos humanos en Nicaragua.
La querella en la Argentina se sustenta en el principio de jurisdicción universal, que permite a los tribunales argentinos investigar y enjuiciar ciertos crímenes cometidos en el extranjero cuando configuran delitos de lesa humanidad. Ese poder tiene reconocimiento constitucional en Argentina desde 1994 a través del artículo 118, lo que habilitó desde entonces a la Justicia federal a intervenir en casos internacionales de esa naturaleza.
Qué implican las órdenes de captura y el pedido de extradición
En diciembre de 2024 el juez Ariel Lijo ordenó la captura internacional de 15 personas vinculadas al gobierno nicaragüense por la supuesta «violación sistemática de derechos humanos» durante la represión a protestas en 2018 y años posteriores. El pedido de indagatoria con fines de extradición busca que las personas imputadas comparezcan ante la Justicia argentina para ser juzgadas por los hechos que se investigan.
Taiano indicó que la solicitud de datos a Interpol es un paso administrativo habitual cuando se tramita una extradición: primero se identifican y se reúnen pruebas sobre las personas que podrían ser objeto del pedido; después se solicita a las autoridades competentes la ejecución de la orden, que puede incluir la emisión de notificaciones internacionales.
Limitaciones prácticas y alcance
El fiscal subrayó la dificultad práctica de que referentes del gobierno nicaragüense salgan de su país y advirtió que, si las personas no se trasladan a jurisdicciones donde exista cooperación y medidas activas, Interpol no puede detenerlas por su cuenta. En otras palabras: tener datos identificatorios o incluso una orden de captura internacional no garantiza la detención inmediata; la ejecución depende de la voluntad y la capacidad de otros estados para colaborar con la Justicia argentina.
Además, Taiano remarcó que no está previsto ni autorizado juzgar en ausencia: la normativa argentina y los principios procesales implican que las personas imputadas deben poder ejercer su derecho a defensa en el proceso si la causa avanza a juicio.
Contexto internacional y antecedentes
Casos de jurisdicción universal han sido instrumentales en el pasado para perseguir crímenes que de otro modo quedarían sin reproche, particularmente cuando los sistemas judiciales del país donde ocurrieron los hechos son incapaces o no muestran intención de investigar. En Argentina, ese marco permitió investigaciones y juicios relevantes por violaciones a derechos humanos ocurridas en otros países y ha sido invocado por organizaciones internacionales y locales para llevar adelante denuncias por crímenes contra la humanidad.
La causa iniciada en 2022 sumó denuncias y testimonios de distintas organizaciones y particulares. Los hechos que se investigan están relacionados con la represión en Nicaragua, el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes y la existencia de mecanismos estatales y paramilitares que, según la acusación, habrían cometido graves violaciones a derechos civiles y políticos.
Próximos pasos
Según las fuentes judiciales, la pesquisa continuará recabando pruebas y solicitando la cooperación internacional necesaria para ejecutar eventuales órdenes de detención y avanzar en las medidas vinculadas con la extradición. La información que ya remitió Interpol facilitará la identificación formal de algunas personas, pero la concreción de detenciones o traslados dependerá de decisiones y acciones de otros Estados y de la tramitación administrativa en el seno de la propia organización policial internacional.
Fuentes: La Voz