Investigan a Lázaro Báez por presunta evasión fiscal millonaria en alquileres

La DGI investiga alquileres y facturación por más de 240 millones de pesos

La DGI (dependiente de ARCA, la ex AFIP) abrió una investigación por supuesta evasión fiscal vinculada a alquileres de propiedades de Lázaro Báez, que según los informes habrían sido facturados por más de 240 millones de pesos entre 2020 y 2025. El expediente reúne indicios sobre contratos, cobros en efectivo y una red administrativa que incluiría a familiares, inmobiliarias y terceros vinculados al empresario condenado por causas de corrupción.

Qué se investigó hasta ahora

Según la información difundida por el medio que dio el primicia, los primeros indicios fiscales identificaron más de 50 contratos relacionados con la explotación de más de 20 inmuebles, en su mayoría en Río Gallegos (provincia de Santa Cruz). La pesquisa está en etapa de cuantificación y podría derivar en una denuncia penal por presunta evasión, ya que durante el período en cuestión no se registraron presentaciones por Ganancias ni Bienes Personales vinculadas a esos ingresos.

Actores que aparecen en la trama

• Lázaro Báez: empresario condenado y actualmente detenido; figura central de la investigación por facturación y cobros de alquileres.
• Familiares y allegados: los nombres que surgen incluyen a sus hijos Martín y Leandro, y a su pareja Claudia Noemí Insaurralde, quien según la investigación habría cobrado alquileres en persona.
• Empresas e inmobiliarias: entre las sociedades mencionadas aparecen Inmobiliaria Patagonia Propiedades y una firma con nombres de fantasía (Albert o Master Gestoría Inmobiliaria), vinculadas a Luis Alberto Orué, que habrían administrado y rendido ingresos y egresos derivados de esos alquileres.
• Locatarios y vínculos políticos: la investigación menciona pagos en efectivo (incluso en dólares) a locatarios, entre ellos una persona de apellido Riesgo; además aparece en la nómina un Claudio Ángel Kirchner, que trabajó en obras vinculadas a Báez y actualmente tiene cargos en la administración provincial de Santa Cruz.

Cómo se habría eludido el control

El expediente describe que, pese a que muchas de las propiedades están inhibidas y en proceso de decomiso por las condenas por corrupción, no existió hasta ahora una restricción que impidiera su explotación a través de alquileres. Al mismo tiempo, las cuentas bancarias del entorno permanecen en su mayoría congeladas, por lo que la operatoria habría pasado por cobros en efectivo y facturación con talonarios personales de Báez, evitando el uso de cuentas formales afectadas por embargos.

Consecuencias internas en la DGI

La divulgación del caso generó desplazamientos en jerarquías de la Agencia y de Recaudación de Río Gallegos, según las fuentes consultadas, ya que la maniobra habría transitado sin atención suficiente en su lugar de origen y se detectó con riesgo de prescripción para algunos hechos. En la investigación administrativa también se puso la lupa sobre designaciones de funcionarias que provienen de la ex AFIP y cuya presencia fue cuestionada en relación con la falta de seguimiento.

Qué puede seguir

La DGI continúa con la cuantificación de la supuesta evasión. Si los hallazgos confirman el monto y la modalidad de la operatoria, el expediente podría derivar en una denuncia penal por evasión fiscal y maniobras para eludir embargos. El avance de la investigación también podría abrir nuevas líneas sobre los intermediarios que administraban los cobros y la eventual participación de terceros que facilitaron la recepción y distribución de fondos en efectivo.

Contexto útil: Lázaro Báez fue uno de los empresarios más vinculados con la obra pública durante los gobiernos kirchneristas y ya cuenta con condenas por corrupción. La existencia de propiedades inhibidas y embargos no impide por sí sola que los inmuebles sigan siendo alquilados, aunque sí complica la trazabilidad de los ingresos y plantea problemas fiscales y judiciales adicionales.

Fuentes: Clarín - nota original