Japón lanza su versión del plan motosierra para revisar subsidios
Nuevo organismo para recortar despilfarro y revisar exenciones
Japón puso en marcha una oficina específica para revisar subsidios, exenciones fiscales y programas poco eficaces con el objetivo de «eliminar el despilfarro» del gasto público, anunció la ministra de Finanzas Satsuki Katayama. La medida forma parte de una estrategia más amplia de ajuste y control del gasto que llega en paralelo a un paquete de estímulos de gran magnitud y a cambios políticos vinculados a la coalición en el poder.
¿Qué hará el nuevo órgano?
La Oficina de Revisión de Medidas Fiscales Especiales y Subsidios contará con un equipo de unas 30 personas encargadas de analizar programas gubernamentales que se consideren poco eficaces o mal direccionados. Según la ministra Katayama, el plan contempla recabar opiniones públicas sobre qué rubros representan despilfarro, qué subsidios son «extraños» y qué exenciones fiscales podrían prescindirse, con la idea de incorporar recomendaciones al presupuesto para el año fiscal 2027.
Contexto político y condiciones de la coalición
La creación del órgano fue una de las exigencias del Partido de la Innovación de Japón (Ishin) para sellar el acuerdo de coalición con el Partido Liberal Democrático (PLD), que posibilitó la llegada de Sanae Takaichi a la jefatura del Ejecutivo. Ese gesto de austeridad responde tanto a presiones políticas internas como a la necesidad de justificar el uso de recursos públicos en un contexto de creciente preocupación por la sostenibilidad fiscal.
Contrapunto: recortes y estímulos simultáneos
La puesta en marcha del mecanismo de revisión coincide con la aprobación de un paquete de estímulos por 213 billones de yenes (según la conversión citada, unos 135.500 millones de dólares) para contrarrestar el alza en los costos de vida. Para financiar parte de ese plan, el gobierno contempla un presupuesto suplementario de 177 billones de yenes (aproximadamente 112.500 millones de dólares) para el ejercicio fiscal en curso, la cifra más elevada de este tipo desde la pandemia, según los comunicados oficiales.
Ese doble movimiento —por un lado revisar subsidios y exenciones, por otro aumentar el gasto vía estímulos— refleja la tensión de una economía que enfrenta presiones sobre el poder adquisitivo de la población, pero que también carga con niveles de deuda pública altos en comparación con otras grandes economías mundiales.
Paralelismos internacionales y reacciones
En la cobertura se señalaron paralelismos con iniciativas de revisión del gasto impulsadas por formaciones o gobiernos en otros países. El artículo que retrata la medida remite, además, a debates internacionales sobre oficinas dedicadas a la eficiencia gubernamental, como el polémico DOGE en Estados Unidos, que tuvo un perfil público vinculado a Elon Musk hasta ciertas discrepancias con la Casa Blanca y su forma de operar.
En Japón, la propuesta busca más que demoler partidas presupuestarias: pretende generar una revisión técnica que permita redirigir recursos y mejorar la calidad del gasto. La incorporación de opiniones ciudadanas forma parte del enfoque declarado por Katayama para identificar lo que la sociedad percibe como despilfarro.
Qué se viene
El nuevo organismo deberá presentar sus recomendaciones con suficiente antelación para que puedan integrarse en la formulación presupuestaria del año fiscal 2027, que comienza en abril de ese año. La magnitud de los recortes que puedan derivarse, y el impacto real sobre el gasto, dependerán de los hallazgos técnicos y de las decisiones políticas que adopte el Ejecutivo para equilibrar prioridad social y sostenibilidad fiscal.
El anuncio también abre preguntas sobre la implementación práctica: cómo se evaluarán programas que, además de criterios de eficiencia, incluyen objetivos sociales, territoriales o de apoyo a sectores productivos; y cómo se conciliarán esas valoraciones con la necesidad de sostener medidas de estímulo en un contexto de fragilidad del consumo.
Fuentes: Clarín (con información de EFE)